La reciente presentación del proyecto de Ley Bases por parte del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura de Buenos Aires se alinea con las políticas del presidente Javier Milei a nivel nacional. Este ambicioso proyecto propone, entre otras medidas, reducir a la mitad la cantidad de cargos jerárquicos en la administración local, recortar impuestos, privatizar organismos y vender inmuebles en desuso. Aunque la propuesta presenta un enfoque radical hacia la desburocratización y la reducción del gasto público, es crucial evaluar las implicancias de tales decisiones en la vida cotidiana de los ciudadanos.

La iniciativa, que abarca 95 páginas y aborda diversas áreas, desde la reestructuración de Ministerios hasta la modificación de la atención sanitaria, propone que podrían cambiar medidas estrictas la interacción entre el gobierno y los ciudadanos. Uno de los aspectos más polémicos es la intención de cobrar a quienes no residen en la ciudad por los servicios de salud pública, lo que podría resultar en un sistema de salud menos accesible y más segregado.

La argumentación detrás del proyecto se basa en la premisa de que la burocracia ha crecido desmesuradamente. Pilar Ramírez, legisladora y promotora de la iniciativa, sostiene que el número de funcionarios se ha duplicado en los últimos 16 años, lo que contrasta con la creciente carga tributaria. Sin embargo, la solución a esta sobreabundancia de cargos no debería ser simplemente recortar personal y privatizar servicios esenciales, sino más bien repensar cómo se gestiona el aparato estatal.

Reducir la cantidad de áreas de la Jefatura de Gobierno a la mitad y privatizar empresas estatales como Autopistas Urbanas y Subterráneos de Buenos Aires plantean serias interrogantes sobre la sostenibilidad y la eficiencia de los servicios públicos. La privatización de estos sectores no solo podría incrementar los costos para los usuarios, sino también limitar el acceso a servicios fundamentales, especialmente para aquellos sectores más vulnerables de la población.

La propuesta también incluye la responsabilidad de las organizaciones sociales en caso de daños causados ??durante manifestaciones, lo que podría silenciar las voces de protesta y limitar el derecho a la movilización. La pregunta que queda en el aire es si esta legislación busca realmente "optimizar recursos" o si es un intento de controlar y reducir la disidencia.

Mientras que el gobierno de Milei y su bloque en la Legislatura aseguran que buscan la modernización y eficiencia, es fundamental que estas reformas se implementen con un enfoque equitativo, que priorice las necesidades de todos los ciudadanos, especialmente de los más desfavorecidos. Las promesas de un gobierno más ágil y menos costoso no pueden ser a gastos del acceso a derechos fundamentales.