La noticia de que el Gobierno echó 100 empleados de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (DPSCA) ha generado un fuerte debate en la opinión pública. Este organismo, creado en 2009 bajo la Ley de Medios, fue diseñado para recibir denuncias sobre abusos en los medios de comunicación, pero en los últimos años estuvo en el centro de la polémica por su funcionamiento y costos.
La resolución 107, anunciada este jueves, redujo drásticamente la planta de empleados de la DPSCA, pasando de 144 a solo 40 trabajadores. Según el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la medida responde a la necesidad de optimizar recursos y eliminar lo que calificó como “prácticas de adoctrinamiento político” dentro del organismo.
En un comunicado oficial, Sturzenegger señaló que el organismo había acumulado un costo de 70 millones de dólares desde su creación, pero sus resultados no justificaban la inversión. Además, denunció que se utilizaba un estudio de televisión portátil para campañas de “adoctrinamiento político” en contra de periodistas críticos del kirchnerismo, especialmente durante eventos públicos en verano.
El ministro no escatimó en declaraciones. Desde su cuenta en X (antes Twitter), afirmó que gran parte del personal de la DPSCA provenía del municipio de La Matanza, lo que, según sus palabras, reflejaba un manejo discrecional de las contrataciones. “El dinero público no puede ser usado para comprar voluntades ni para perseguir opositores”, dijo Sturzenegger, quien destacó que la resolución también contempla el remate del estudio de televisión del organismo.
Además, el funcionario hizo un llamado al Congreso para abrir un debate más amplio sobre la viabilidad de este tipo de instituciones. Según sus palabras, el objetivo es garantizar una administración pública más transparente y eficiente, sin lugar para gastos innecesarios.
La desvinculación de estos 100 empleados forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para reducir el déficit operativo en las empresas estatales. Según datos de la Secretaría de Hacienda, el déficit se redujo de 4.551 millones de dólares en 2023 a 2.235 millones en 2024, una disminución significativa que ha sido resaltada como un logro de la actual administración.
Además, las estadísticas oficiales muestran una baja en la cantidad total de empleados públicos: de 92.069 en 2023 a 80.988 en 2024, representando una reducción de 11.081 puestos de trabajo en todo el sector estatal.
El presidente Javier Milei y su equipo han defendido estas decisiones como pasos necesarios hacia una administración más eficiente. “No se rehúye al debate de ideas, pero se rechaza el uso del dinero público para el adoctrinamiento político”, concluyó Sturzenegger en su último comunicado.
La desvinculación masiva de la DPSCA marca un punto de inflexión en la política estatal, abriendo el debate sobre el futuro de organismos similares. Mientras tanto, los ojos están puestos en cómo esta medida afectará el clima político y las relaciones entre el Gobierno y los medios de comunicación.
