El gobernador bonaerense y un funcionario del gobierno nacional protagonizan una tensa disputa por la seguridad en la provincia. En este artículo, exploramos cómo las diferencias en el enfoque sobre el control de armas reflejan una división más amplia en la política de seguridad.
Axel Kicillof, al abrir las sesiones ordinarias de la Legislatura de Buenos Aires, presentó un plan de desarme que generó gran controversia. En un contexto marcado por las críticas a la seguridad en la provincia, Kicillof anunció un programa para reducir la circulación de armas, asegurando que el principal objetivo de su gobierno es "quitar las armas de las calles". La noticia sorprendió a muchos, sobre todo a aquellos que consideran que la presencia de armas es necesaria para la defensa personal.
Pedazo de inútil. No le llega agua al tanque. Tan corto tenes que ser para creer que los delincuentes van a ir a dejar sus armas.
— Nahuel Sotelo (@nsotelolar) March 5, 2025
Una razón más para que los ciudadanos de bien se armen. https://t.co/0RddnMhXgr
El secretario de Culto de la Nación, Nahuel Sotelo, alineado con el gobierno de Javier Milei, fue uno de los primeros en reaccionar. Sotelo, defensor acérrimo del derecho a portar armas, atacó duramente la propuesta del gobernador. A través de sus redes sociales, no solo cuestionó la efectividad del plan de desarme, sino que además expresó su opinión con un mensaje claro a favor del derecho de los civiles a portar armas. "Pedazo de inútil. No le llega agua al tanque", dijo en un mensaje dirigido a Kicillof, al que acusó de no entender la realidad de la seguridad.
El conflicto se profundizó cuando Sotelo arremetió contra la posibilidad de que los delincuentes entreguen sus armas. Con sarcasmo, expresó: "¿Tan corto tenés que ser para creer que los delincuentes van a ir a dejar sus armas?", argumentando que la propuesta de desarme no tenía ningún sentido. Para Sotelo, la solución no está en reducir la circulación de armas, sino en permitir que los ciudadanos de bien se armen para defenderse de la creciente inseguridad.
Este intercambio pone de manifiesto las diferentes perspectivas que existen sobre cómo abordar el problema de la inseguridad. Por un lado, Axel Kicillof promueve un enfoque más estatal, con el fortalecimiento de la policía y la creación de un fondo de $70.000 millones para reforzar la seguridad en los municipios. Además, anunció la compra de 800 nuevos patrulleros y un aumento en el presupuesto de las policías comunales de los distritos más pequeños. También, propuso un endurecimiento de las penas para aquellos que posean armas de manera ilegal.
Por otro lado, Nahuel Sotelo y el ala del gobierno de Javier Milei, abogan por una postura más permisiva en cuanto a la tenencia de armas. La idea de que más armas en manos de los ciudadanos sería una forma de disuadir el crimen es un concepto defendido por figuras clave del gobierno libertario, como la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
En conclusión, el choque entre Kicillof y Sotelo resalta una de las grandes discusiones en la política de seguridad en Argentina: ¿debe el Estado concentrarse en reducir las armas en la vía pública, o es más efectivo empoderar a los ciudadanos para que se defiendan con ellas? Este debate, lejos de resolverse, promete seguir siendo uno de los temas más calientes en la agenda política de este año.
