¿Qué pasaría si los delincuentes menores de edad no cumplieran con penas severas por sus crímenes? Esta pregunta se vuelve relevante con el reciente proyecto impulsado por Lucía Iañez, diputada kirchnerista, y respaldado por el gobernador Axel Kicillof, que propone un cambio en el sistema judicial para los jóvenes delincuentes en la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa, que busca regularizar la ejecución de penas para jóvenes menores de edad condenados por delitos, ha generado controversia. En teoría, se presenta como una medida para "facilitar la rehabilitación de los jóvenes", pero, en la práctica, muchos temen que esto sea un paso atrás en la lucha contra la inseguridad.
La propuesta de Lucía Iañez establece que los jóvenes condenados por delitos cometidos antes de alcanzar la mayoría de edad puedan cumplir penas "socio-educativas", que serían menos estrictas que las condenas tradicionales. Además, se plantea que aquellos con penas menores a cinco años no sean trasladados a cárceles de adultos, sino que permanezcan en instituciones especiales hasta los 21 años.
Este enfoque, que se basa en la idea de "rehabilitación", ignora por completo la gravedad de los delitos cometidos por estos jóvenes, lo que ha generado fuertes críticas. ¿Realmente es justo ofrecer beneficios a quienes delinquen, sin considerar las víctimas y el impacto que sus acciones tienen en la comunidad?
A pesar de que Axel Kicillof ha afirmado que no está defendiendo a los delincuentes, la realidad parece contradecirlo. Este proyecto refleja una ideología que parece priorizar el bienestar de los delincuentes por encima de la seguridad de los bonaerenses. En lugar de garantizar que quienes cometen crímenes asuman las consecuencias, la propuesta parece fomentar la impunidad.
Es importante destacar que, según el proyecto, los menores de edad condenados por delitos graves podrían beneficiarse de un sistema de penas más liviano, que les permitiría salir mucho antes de lo que correspondería. Este tipo de medidas no solo socavan la justicia, sino que también ponen en peligro la seguridad de la sociedad.
Si el proyecto sigue avanzando, podría generar una situación de mayor inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Muchos ciudadanos ya se sienten vulnerables ante la creciente criminalidad, y con iniciativas como esta, la sensación de desprotección podría aumentar.
La política de "rehabilitación" de los jóvenes delincuentes, si bien puede ser válida en ciertos contextos, no puede llevarse a cabo a expensas de la justicia y la seguridad pública. Los menores deben entender que sus actos tienen consecuencias, y que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a las personas honestas de aquellos que deciden infringir la ley.
El avance de este proyecto en la Cámara de Diputados ya ha generado un gran debate, y ahora será el turno del Senado de decidir su futuro. Si se aprueba, podría marcar un antes y un después en la política de seguridad en la provincia, favoreciendo a los delincuentes y dejando de lado a las víctimas.
La propuesta de Lucía Iañez y el apoyo de Axel Kicillof podrían sentar un precedente peligroso, abriendo la puerta para que otras políticas similares se implementen en otras provincias, lo que pondría en riesgo el Estado de derecho en Argentina.
Este proyecto no solo afecta a la provincia de Buenos Aires, sino que podría ser una señal para otros políticos con ideologías similares que favorecen a los delincuentes y desprotegen a la sociedad. La lucha por la justicia y la seguridad no puede ceder ante propuestas que faciliten la impunidad.
