La Asociación del Fútbol Argentino vuelve a quedar en el centro de un escándalo judicial de alto voltaje. Esta vez no se trata de internas deportivas ni de disputas políticas, sino de una causa penal económica que apunta directamente contra su conducción por presunta apropiación indebida de impuestos y aportes a la seguridad social.
El juez en lo Penal Económico Diego Amarante resolvió citar a declaración indagatoria a las máximas autoridades de la casa madre del fútbol argentino, tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La medida incluye al presidente Claudio Chiqui Tapia, al tesorero Pablo Toviggino, al secretario general Cristian Malaspina, al director general Gustavo Lorenzo y al ex secretario general Víctor Blanco. Además, el magistrado ordenó la indagatoria de la AFA como persona jurídica, un dato clave que eleva el peso institucional de la causa.
Según la resolución judicial, las audiencias se realizarán en el siguiente orden:
AFA (persona jurídica): 5 de marzo, 10:30
Claudio Fabián Tapia: 5 de marzo, 12:00
Pablo Ariel Toviggino: 6 de marzo, 10:30
Gustavo Roberto Lorenzo: 6 de marzo, 12:00
Víctor Blanco Rodríguez: 9 de marzo, 10:30
Cristian Ariel Malaspina: 9 de marzo, 12:00
En un punto central de su fallo, Amarante subrayó “la gravedad de los hechos investigados” y la severidad de la pena en expectativa, por lo que dispuso la prohibición de salida del país para todos los imputados, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del proceso.
La denuncia, presentada en diciembre de 2025 y luego ampliada, sostiene que la AFA retuvo impuestos nacionales —como IVA y Ganancias— y aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, sin ingresarlos al fisco dentro del plazo legal de 30 días corridos.
En total, se analizan 69 hechos por un monto acumulado que supera los $19.300 millones.
ARCA detalló que:
Inicialmente se detectaron $7.593 millones en obligaciones impagas.
Tras una ampliación de la denuncia, se sumaron $11.759 millones adicionales.
El organismo fue categórico: los montos retenidos no son fondos propios, sino recursos del Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no depósito podría configurar una apropiación indebida de caudales públicos.
La acusación se apoya en los artículos 4° y 7° del Régimen Penal Tributario, que prevén penas de dos a seis años de prisión para los agentes de retención que no ingresen los tributos cuando superan los mínimos legales.
Desde el punto de vista jurídico, ARCA aclaró que el delito se consuma con dolo, entendido como:
Conocimiento del deber legal, y
Posibilidad real de cumplirlo,
sin que sea necesaria una intención especial de apropiarse del dinero.
Entre las pruebas incorporadas al expediente figuran informes bancarios que darían cuenta de:
Acreditaciones en cuentas de la AFA.
Constitución de plazos fijos en pesos y dólares.
Para el organismo recaudador, estos movimientos demostrarían que la entidad tenía capacidad financiera suficiente para cumplir con sus obligaciones fiscales.
