Una auditoría integral sobre la red de asistencia alimentaria de la Ciudad de Buenos Aires expuso graves irregularidades en comedores gestionados por organizaciones sociales, entre ellas varias vinculadas al dirigente social Juan Grabois. El relevamiento, basado en el cruce de datos oficiales, derivó en una reestructuración inmediata del sistema y abrió investigaciones administrativas en curso.
Según la información oficial, el control alcanzó a más de 500 comedores que integraban el esquema de cobertura alimentaria hasta noviembre de 2025. El resultado fue contundente: se detectaron beneficiarios que no cumplían los requisitos, espacios que no funcionaban como comedores y registros inflados durante años sin controles efectivos.
Como primera medida, se dispuso la suspensión de más de 5.000 raciones diarias y el cierre de 40 comedores “fantasma”, es decir, establecimientos que figuraban en los listados pero que no entregaban alimentos o directamente no existían en los domicilios declarados.
El eje central de la auditoría fue el cruce de los padrones presentados por las organizaciones sociales con bases oficiales del Estado, lo que permitió detectar inconsistencias de alto impacto.
Entre los casos relevados figuran:
454 personas fallecidas que continuaban registradas como beneficiarias.
196 personas con dos o más inmuebles.
1.517 personas con dos o más automóviles.
476 personas con ingresos superiores a los $2 millones mensuales.
18 personas con ingresos por encima de los $5 millones.
23 beneficiarios inscriptos en categorías altas del monotributo.
45 jubilados con haberes superiores a $2 millones, de los cuales cinco superaban los $5 millones.
Además, el relevamiento detectó casos extremos, como personas registradas con hasta 13 inmuebles, otras con embarcaciones, múltiples vehículos e incluso beneficiarios con 11 autos a su nombre.
Dentro de los 40 comedores cerrados, se identificaron varios espacios vinculados al Movimiento Popular La Dignidad, organización cercana a Grabois. Entre los casos mencionados figuran:
“Los Amigos”, en el barrio de Mataderos.
“Caritas Felices”.
“Pekes”.
Según la auditoría, estos establecimientos nunca funcionaron como comedores reales, pese a figurar en los registros oficiales y recibir asignaciones de raciones.
Las autoridades confirmaron que las organizaciones vinculadas a Grabois se encuentran bajo investigación por presuntas irregularidades administrativas, en el marco de un proceso de revisión que continúa abierto.
Las irregularidades salieron a la luz tras la implementación de un nuevo sistema digital de registro de beneficiarios, que reemplazó el esquema previo basado en listados confeccionados por las propias organizaciones sociales.
El nuevo mecanismo permite:
Identificar a cada beneficiario mediante DNI.
Registrar y auditar cada ración entregada.
Detectar inconsistencias en tiempo real.
Eliminar la intermediación discrecional en algunos comedores.
Desde el área de Desarrollo Humano señalaron que la incorporación de tecnología permitió transparentar el circuito, garantizar que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan y poner fin a un sistema que durante años funcionó sin controles efectivos.
Como parte de este proceso, algunos comedores fueron reabiertos sin intermediación de organizaciones sociales, bajo gestión directa y con seguimiento estatal.
La auditoría alcanzó a más de 500 comedores en la Ciudad de Buenos Aires.
Se cerraron 40 comedores fantasma y se suspendieron 5.000 raciones diarias.
Se detectaron beneficiarios fallecidos, con altos ingresos y múltiples propiedades.
Hay organizaciones vinculadas a Juan Grabois bajo investigación.
El nuevo sistema digital reemplazó padrones sin control por registros con DNI y trazabilidad.
El caso reaviva el debate sobre el rol de las organizaciones sociales en la administración de programas alimentarios y el uso de recursos públicos destinados a los sectores más vulnerables.
La auditoría expuso un esquema de intermediación que, lejos de garantizar asistencia, permitió durante años el uso discrecional de fondos y alimentos. Esto implicó miles de raciones que no llegaron a destino, en un contexto donde la transparencia y el control estatal vuelven a ocupar un lugar central en la agenda pública.
