Algo no cerraba en los papeles. El cambio de dirección parecía simple, pero cuando los inspectores llegaron al lugar, no encontraron ni oficinas, ni empleados, ni actividad. Solo un terreno vacío. Ese detalle encendió la alarma y abrió un nuevo frente de conflicto alrededor de la Asociación del Fútbol Argentino.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) impugnó formalmente el pedido de la AFA para trasladar su domicilio fiscal desde la calle Viamonte 1366, en la Ciudad de Buenos Aires, hasta Mercedes 1366, en la localidad bonaerense de Pilar. La decisión se tomó luego de una inspección oficial que confirmó un dato clave: la dirección denunciada no existe.
Según el informe del organismo, los agentes de ARCA se presentaron en la zona luego de ser notificados de que una asamblea de socios había aprobado el cambio de domicilio. El trámite había sido solicitado el 26 de enero de 2026. Sin embargo, al recorrer el lugar, constataron que la calle Mercedes solo llega hasta la numeración 906. Es decir, el número informado por la AFA está fuera del mapa.
Durante la inspección, los funcionarios relevaron el área y dejaron constancia con fotos y videos. En el punto señalado no funciona ninguna sede administrativa. Solo se encontraron tres elementos: el microestadio municipal Ricardo Rusticucci, un lote baldío con un cartel de venta y un predio cerrado con alambre y vegetación alta.
En ese terreno apareció un único cartel con el escudo de la AFA y la frase “Próximamente sede social y museo de los campeones del mundo”. No había movimiento, personal ni señales de actividad institucional. Para ARCA, eso fue suficiente para rechazar el cambio y avanzar con la impugnación.
El dato no es menor. Ese domicilio en Pilar había sido aprobado en la asamblea del 17 de octubre de 2024, donde también se resolvió la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia hasta 2029 y la anulación de los descensos para volver al formato de 30 equipos en Primera División.
Además, la supuesta nueva sede fue clave en una decisión judicial. El juez Alberto Lugones, de la Cámara Federal de San Martín, usó ese domicilio para quitarle una causa al magistrado porteño Marcelo Aguinsky y enviarla al juzgado de Zárate-Campana, a cargo de Javier González Charvay. La investigación está vinculada a una lujosa mansión atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Todo este escenario se da en medio de la fuerte pulseada entre la AFA y la Inspección General de Justicia (IGJ), conducida por Daniel Vítolo. El organismo analiza los últimos ocho balances de la entidad, con observaciones preliminares por posibles inconsistencias en cifras cercanas a los 450 millones de dólares, que incluyen a la Liga Profesional.
Mientras tanto, Tapia presentó una denuncia penal contra Vítolo y lo recusó, lo que postergó la definición final. Con la impugnación de ARCA, el conflicto suma un nuevo capítulo que vuelve a dejar a la AFA en el centro de la escena.
