El kirchnerismo busca en el exterior el fuero que la Justicia local le negó

Acorralada por los fallos del fuero federal, la ex mandataria contrató al abogado brasileño Rafael Valim para litigar en estrados extranjeros. La movida internacional busca instalar el relato de la persecución política para eludir el decomiso millonario e inhabilitación perpetua. El oficialismo liberal festeja la vigencia de las instituciones frente a la impunidad del viejo régimen.

27-07-2026 - Por Crítica Argentina

La expresidente Cristina Kirchner ha decidido elevar su desafío a la Justicia argentina mediante la contratación de Rafael Valim, un abogado estrechamente vinculado al dictador brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. El abogado proviene de las esferas del poder paulista y suele caminar los pasillos donde se mezcla el derecho con el lobby político regional. La ex jefa de Estado agotó sus instancias procesales en el fuero local y busca auxilio en el extranjero.

El objetivo de esta incorporación es diseñar una estrategia judicial que permita cuestionar ante tribunales internacionales la sentencia que la responsabiliza por el saqueo de fondos públicos en la denominada causa Vialidad. En Balcarce 50 observan la jugada con ironía, convencidos de que el cambio de época liderado por Javier Milei cerró para siempre la ventana de la impunidad corporativa. El modelo de las banderas populistas choca contra la contundencia de los fallos técnicos.

Rafael Valim se integra a un equipo de asesores letrados que ya cuenta con la participación del abogado español Javier Borrego, quien posee antecedentes como juez del Tribunal Supremo de su país y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El letrado paulista ostenta los títulos de doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP) y cuenta con más de dos décadas de experiencia en Derecho Constitucional y derechos humanos. La defensa busca sumar credenciales académicas para camuflar el delito de corrupción con debates ideológicos.

La condena que motiva esta movida internacional consiste en una pena de seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos, dictada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) tras hallarla responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Además, la Justicia argentina ha dejado firme la obligación de los condenados de devolver la astronómica cifra de $685.000 millones en concepto de decomiso por los daños ocasionados por la corrupción. El dinero que le faltó al conurbano vuelve al Estado gracias a la firmeza judicial.


Un varapalo de la Corte Suprema que activó el pánico


Recientemente, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declararon inadmisibles los reclamos interpuestos por la ex Presidente y otros condenados —entre ellos Lázaro Báez y Nelson Periotti— que intentaban oponerse a la actualización del monto del decomiso fijado en la causa. Este revés de la máxima instancia nacional encendió todas las alarmas en el Instituto Patria. Ante el cierre de las vías nacionales, la defensa de la condenada apuesta por la narrativa de la persecución política.

Desde el entorno de la defensa, Valim ha manifestado estar "firmemente convencido de que sufrió graves violaciones de derechos humanos fundamentales y está sufriendo un castigo injusto". El profesional del derecho no disimula la matriz ideológica de su libreto procesal para victimizar a la figura central del kirchnerismo. Los defensores prefieren apelar a eslóganes militantes antes que justificar la manipulación de la obra pública.

Asimismo, el abogado brasileño, quien es coautor del libro "Lawfare: una introducción", adelantó que "en los próximos días, anunciaremos oficialmente en Buenos Aires la estrategia que adoptaremos en esta nueva fase internacional del caso de la expresidente". La puesta en escena en la capital federal servirá de agite para una militancia desnutrida de éxitos políticos. El liberalismo avanzante demuestra que las reglas son iguales para todos, sin fueros ni privilegios castrenses.


El refugio de una casta que no quiere pagar


Esta maniobra internacional, financiada y orquestada por los mismos sectores que han buscado debilitar el estado de derecho en la región, representa el último refugio de un proyecto político que hoy se ve obligado a rendir cuentas ante los estrados judiciales. Mientras la gente en el AMBA trabaja bajo la libertad de mercado, el relato hegemónico del pasado se desmorona en ventanillas tribunales de Europa y Brasil. El ajuste de la casta es una realidad innegable que abarca la responsabilidad penal.

El presidente Javier Milei ha sido tajante al marcar que el que las hace, las paga, principio ético que hoy se materializa sobre las cuentas patrimoniales del kirchnerismo. Las alianzas entre abogados del sistema progresista internacional no modificarán la realidad contable ni la contundencia de las pruebas reunidas en Comodoro Py. La Argentina avanza hacia la transparencia institucional sin espacio para manotazos de ahogado en foros del exterior.

Lo que tenés que saber sobre la estrategia de Cristina Kirchner

 

  • Fichaje internacional: Se suma Rafael Valim, abogado brasileño ligado a Lula da Silva, para litigar en el fuero exterior.
  • Equipo letrado: Trabaja junto a Javier Borrego, ex magistrado español del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
  • Condena firme: El TOF 2 aplicó seis años de prisión, inhabilitación perpetua y un decomiso de $685.000 millones.
  • Corte tajante: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los últimos recursos de Cristina Kirchner, Lázaro Báez y Nelson Periotti.