Una denuncia presentada por Jorge Zatloukal, miembro del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV), apunta a presuntas irregularidades en la prórroga del contrato de concesión por peaje del Corredor Vial 18, que incluye el Puente Rosario - Victoria y las rutas nacionales 12 y 14, vencidos desde 2002 según el pliego original.

Las áreas involucradas, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y la empresa estatal Corredores Viales S. A., dependen del Ministerio de Economía de Nación, dirigido por Luis "manos verdes" Caputo. La denuncia, radicada en los juzgados federales de Comodoro Py y que será analizada por el Juez Julián Ercolini, señala un perjuicio millonario para el Estado al prorrogar un contrato vencido desde hace casi dos décadas.

Zatloukal destaca que la prórroga, aprobada por la Resolución 144 de Vialidad Nacional, se firmó un día antes del vencimiento del contrato, sin haber convocado previamente a una licitación pública. Además, cuestiona que la empresa estatal Corredores Viales S. A. no haya asumido la continuidad de la concesión y el cobro de peaje, considerando que esta debería ser una de sus obligaciones irrenunciables según su estatuto.

El denunciante sugiere que esta prórroga beneficia a la empresa concesionaria y va en contra de la transparencia en las contrataciones públicas y la libre competencia, contradiciendo el discurso oficial de libre mercado. Además, señala posibles violaciones a la ley de Defensa de la Competencia.

La denuncia, junto con otros hechos previamente identificados por la Auditoría General de la Nación, podría constituir violaciones a diversos artículos del Código Penal, según Zatloukal.

Este caso pone en entredicho la gestión en el ámbito vial y refuerza la necesidad de investigar y garantizar la transparencia en las decisiones que afectan a la infraestructura vial del país.