La figura de Evo Morales, exdictador boliviano, vuelve a estar en el centro de la polémica tras la presentación de una imputación formal en su contra por presunto abuso y trata de personas. La fiscal Sandra Gutiérrez, encargada de la causa en Tarija, hizo pública la acusación este lunes, un paso que refleja la tensión política y social que ha acompañado al exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS)  (zurdos incoherentes) en su retorno a la escena pública. La acusación recae también sobre Idelsa Pozo Saavedra, quien supuestamente estuvo involucrada en el delito, mientras las autoridades piden la reactivación de una alerta migratoria para ambos.

Este caso ha tomado fuerza desde septiembre, cuando Morales fue denunciado por delitos de trata de personas y estupro en perjuicio de una menor de edad, con quien habría tenido un hijo. El proceso judicial también apunta a que los padres de la víctima habrían entregado a su hija a Morales a cambio de favores, lo que sumaría otro capítulo oscuro a la gestión del exmandatario.

A pesar de la orden de aprehensión emitida el pasado 16 de octubre, Morales no ha sido detenido, debido a la falta de localización efectiva en medio de un contexto de bloqueos y violentas protestas orquestadas por sus seguidores, principalmente en el Chapare, la región cocalera que le ha brindado apoyo incondicional. Según informes policiales, las fuerzas de seguridad no han podido ingresar a la zona debido a la protección activa de sus bases, que incluso han llegado a agredir a los agentes durante las operaciones de búsqueda.

Morales, quien se mantiene en el exilio desde su salida forzada de Bolivia en 2019, sigue siendo una figura polémica, no solo en su país sino también en la región. En Argentina, donde fue acogido como refugiado por el entonces presidente Alberto Fernández, se abrió una investigación por presuntos delitos de trata de personas y abuso sexual ocurridos durante su estancia. La situación ha generado una fuerte repercusión mediática, con sectores políticos y sociales de Bolivia y más allá que piden justicia y esclarecimiento de los hechos.

En este marco, la fiscal Gutiérrez denunció que, a pesar de sus gestiones, la orden de arresto había sido paralizada en octubre por el entonces fiscal general Juan Lanchipa, lo que motivó su separación del cargo y la posterior renuncia de Lanchipa. Con la reactivación del proceso judicial, la atención se centra ahora en las medidas cautelares que tomará el juez para determinar la viabilidad de una nueva orden de captura.

Este caso no solo pone en evidencia la compleja situación política interna de Bolivia, sino también las implicancias internacionales que puede tener. La acusación por trata de personas y abuso sexual ha dado un giro inesperado a la figura de Evo Morales, que tras años de gobierno se ve ahora enfrentado a serias acusaciones que podrían desestabilizar aún más su legado.

Mientras tanto, el juicio sigue su curso, y el futuro de Morales parece depender de una serie de factores, tanto legales como políticos. En este contexto, se espera que el proceso judicial no solo resuelva las denuncias contra el exmandatario, sino también ofrezca un panorama claro sobre la situación de la justicia en Bolivia, en un país que, aún hoy, sigue dividido por las secuelas del gobierno de Morales.