La Provincia de Buenos Aires atraviesa un nuevo foco de tensión institucional que preocupa puertas adentro del Estado y fuera de él. En las últimas semanas, el malestar dentro de la Policía bonaerense se profundizó hasta un punto crítico: distintos sectores de la fuerza comenzaron a evaluar protestas y movilizaciones, con el acuartelamiento como una amenaza latente.
El detonante principal es el atraso salarial, pero el conflicto excede largamente lo económico. Lo que hoy se expresa en reclamos concretos deja al descubierto una ruptura cada vez más evidente entre los efectivos y el poder político provincial, en un contexto de inflación persistente y presión creciente sobre el sistema de seguridad.
A diferencia de otros trabajadores estatales, la Policía no cuenta con paritarias propias por una restricción judicial vigente. Los aumentos se aplican en espejo con los acuerdos generales de la administración pública, un mecanismo que —según fuentes internas— consolida un rezago estructural frente a la suba de precios.
El escenario se agravó durante el verano. El tradicional Operativo Sol no se desplegó con la misma magnitud que en años anteriores y muchos efectivos no cobraron el adicional estacional, históricamente pensado para compensar la sobrecarga laboral en los meses turísticos. En paralelo, la temporada estuvo marcada por conflictos de seguridad en zonas sensibles del Conurbano bonaerense, incrementando la presión sobre una fuerza exigida al límite.
En este marco, comenzaron a circular en grupos internos versiones sobre medidas de fuerza con fechas tentativas a mediados de febrero. Entre los puntos mencionados aparecen concentraciones frente al Ministerio de Seguridad, el Puente 12 y la sede de la Gobernación.
Si bien fuentes de la fuerza reconocen que hoy no estarían dadas todas las condiciones para un acuartelamiento, admiten que el clima interno es de enojo creciente y que el vínculo con el gobernador Axel Kicillof está prácticamente roto.
Los pedidos de los efectivos incluyen:
Aumento salarial acorde al riesgo permanente de la función.
Actualización de horas extras CORES y pago de recargos obligatorios.
Reconocimiento de la carga horaria real, con jornadas que llegan a 12 horas.
Traslados a destinos lejanos y largos tiempos de viaje diarios.
A esto se suma el deterioro de la obra social IOMA, señalada por falta de cobertura y demoras, y un clima interno donde expresar disconformidad suele derivar en sanciones o traslados. También reclaman mejores condiciones edilicias, móviles operativos, provisión regular de uniformes, ascensos transparentes y un programa serio de reentrenamiento, con apoyo psicológico y actualización profesional.
Hasta el momento, el Ejecutivo provincial mantiene silencio frente a estas demandas. La ausencia de respuestas no hace más que alimentar la incertidumbre y aumentar el riesgo de que el conflicto escale en las próximas semanas, con consecuencias imprevisibles para la seguridad y la gobernabilidad en la provincia más poblada del país.
