Un fallo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires encendió una fuerte señal de alerta sobre el futuro del trabajo en plataformas de delivery. La decisión judicial avaló sanciones contra empresas como Rappi y PedidosYa, en línea con la postura del gobierno de Axel Kicillof, y abre la puerta a cambios profundos en el esquema laboral del sector.
El caso se originó tras inspecciones del Ministerio de Trabajo bonaerense, que detectó presuntos incumplimientos laborales. Las compañías apelaron tanto las actas como las sanciones, pero el máximo tribunal provincial rechazó sus planteos y validó los procedimientos oficiales.
En los hechos, el fallo reconoce la capacidad del Estado para fiscalizar y avanzar sobre la calificación del vínculo entre repartidores y plataformas. Según este criterio, la actividad presenta características propias de una relación laboral formal.
La resolución marca un posible punto de inflexión. Si se consolida esta interpretación, las plataformas podrían quedar obligadas a:
Este escenario implicaría un cambio estructural en un modelo basado en la flexibilidad y los costos variables. Hasta ahora, el sistema permitía ingresos rápidos y sin barreras de entrada, especialmente en contextos económicos complejos.
El aumento de costos para las empresas podría tener consecuencias inmediatas. Entre las principales advertencias del sector:
Para miles de bonaerenses —incluyendo trabajadores del Conurbano, La Plata, Berisso y Ensenada— estas aplicaciones representan una fuente de ingresos clave. La flexibilidad horaria y la accesibilidad son dos de los pilares que ahora quedan bajo presión.
Desde una mirada crítica, el fallo se inscribe dentro de la política laboral del gobierno de Axel Kicillof, orientada a reforzar esquemas tradicionales de empleo. Este enfoque busca ampliar derechos laborales, pero también genera tensiones con modelos emergentes de trabajo digital.
