El Gobierno de Javier Milei avanzó con la deportación de 18 inmigrantes ilegales tras una serie de operativos de control migratorio desplegados en distintos puntos estratégicos de la provincia de Salta, en zonas cercanas a la frontera con Bolivia.
Las acciones fueron coordinadas por el Ministerio de Seguridad Nacional junto al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y la colaboración de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
El objetivo oficial fue reforzar la seguridad en corredores fronterizos considerados sensibles por el ingreso irregular de personas y el avance de delitos vinculados al narcotráfico y el contrabando.
El principal operativo se realizó el 24 de abril sobre la Ruta Nacional 34, en la localidad salteña de Aguaray, ubicada a pocos kilómetros del límite con Bolivia. Allí se montaron controles sobre micros de larga distancia, colectivos, combis, vehículos particulares, remises y camionetas.
Según informaron las autoridades, durante esa jornada se identificaron 423 personas mediante sistemas biométricos y bases de datos federales como Morpho Rap ID, el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) y registros de Migraciones.
Del total controlado, 315 eran ciudadanos argentinos y 93 extranjeros con ingreso regular al país. Sin embargo, el procedimiento permitió detectar a 15 extranjeros en situación migratoria irregular: 14 ciudadanos bolivianos y un colombiano.
Todos fueron deportados por vía terrestre a través del paso fronterizo Salvador Mazza–Yacuiba, donde quedaron a disposición de la Policía boliviana.
De acuerdo con la información oficial, uno de los casos que generó mayor preocupación fue el de un ciudadano colombiano con antecedentes reiterados por hurto en la ciudad de Bogotá. Además, uno de los ciudadanos bolivianos registraba antecedentes vinculados al narcotráfico.
Las autoridades señalaron que esos antecedentes reforzaron la decisión administrativa de avanzar con la expulsión inmediata del territorio argentino.
Las tareas continuaron durante la noche en la ciudad de Tartagal, donde las fuerzas federales realizaron inspecciones en más de 60 locales comerciales.
En ese procedimiento se identificó a más de 70 personas, aunque no se detectaron irregularidades migratorias.
La segunda etapa del despliegue se concentró en la intersección de las Rutas Nacionales 34 y 50, en la ciudad de Pichanal, considerada estratégica por su conexión con los pasos fronterizos de Salvador Mazza y Aguas Blancas.
Entre las 9 y las 16 horas, las fuerzas de seguridad realizaron controles sobre distintos vehículos de transporte público y privado.
Como resultado, fueron identificadas 671 personas. Según el detalle oficial, 583 eran argentinas y 85 extranjeras con ingreso regular.
No obstante, se detectó a tres ciudadanos bolivianos en situación migratoria irregular. La Dirección Nacional de Migraciones dispuso su traslado hacia el paso fronterizo de Aguas Blancas para concretar la expulsión del país.
Con este operativo, el Gobierno nacional profundizó los controles migratorios en la frontera norte, una de las áreas que la administración libertaria considera prioritarias dentro de su estrategia de seguridad.
