La disputa institucional entre la IGJ y la AFA sumó un nuevo capítulo de alta tensión. Tras disponer la suspensión de actividades administrativas por cuatro días, el titular del organismo de control, Daniel Vítolo, salió públicamente a exigir respuestas formales sobre el uso de fondos, el cumplimiento del objeto social y las vinculaciones de la AFA con otras asociaciones civiles.
En declaraciones al canal TN, Vítolo fue categórico: la conducción actual debe explicar cómo se administraron partidas globales presentadas en balances sin el desglose correspondiente, una práctica que —según la IGJ— se repite desde hace casi una década.
“Cuando presentan estados contables con partidas globales muy significativas y no explican cómo están compuestas, exigimos que las aclaren”, sostuvo el funcionario.
El eje más sensible del reclamo pasa por los montos observados. De acuerdo con la información oficial, la IGJ cuestiona:
USD 111 millones correspondientes a movimientos de la AFA en los últimos ocho años.
USD 348 millones vinculados a ingresos de la Superliga entre 2020 y 2024.
Según Vítolo, la Superliga —encargada de administrar contratos de transmisión— retiene el 2% de esos ingresos por tareas de administración, lo que representa alrededor de USD 7 millones. Sin embargo, contrastó ese esquema con el de una empresa extranjera que percibiría hasta el 30% por la gestión de cobros vinculados a la marca AFA y partidos de la Selección.
El balance correspondiente a 2025, remarcó el titular de la IGJ, aún no fue presentado.
Otro punto que encendió la polémica fue el supuesto cambio de domicilio legal de la AFA a un terreno baldío en Pilar, en la Provincia de Buenos Aires. Para la IGJ, ese movimiento habría sido utilizado para cuestionar la competencia del organismo nacional y trasladar la causa a la órbita bonaerense.
“A mí me sorprende que una organización que maneja cientos de millones diga que su sede social está en un pastizal”, afirmó Vítolo, quien aclaró que la intimación sigue vigente y que la AFA tiene plazo hasta el 11 de marzo para responder formalmente.
Fecha clave: la AFA debe responder antes del 11 de marzo.
Organismo denunciante: IGJ, autoridad de control de asociaciones civiles.
Montos observados: USD 459 millones en total.
Período investigado: 2016–2024.
Estado actual: conflicto administrativo con proyección judicial y política.
La pulseada por el control y la transparencia del fútbol argentino avanza en paralelo al calendario deportivo. Con balances bajo sospecha y plazos corriendo, el conflicto entre la IGJ y la AFA promete nuevos capítulos en las próximas semanas.
