Liliana Pascua, intendenta de Enrique Urien, Chaco, fue procesada por la Justicia Federal tras comprobarse que cobró una pensión no contributiva mientras ejercía su cargo. Según la jueza Belén López Macé, el salario como funcionaria era incompatible con el beneficio social.
La investigación determinó que Pascua percibió la pensión entre julio y diciembre de 2013, aunque afirmó haber solicitado su baja en julio. Los registros del Nuevo Banco del Chaco mostraron extracciones de fondos hasta diciembre, contradiciendo su versión.
Este caso forma parte de una auditoría nacional que detectó irregularidades en pensiones por invalidez. De las 1.250.000 asignadas, se estimó que al menos 500.000 podrían haber sido otorgadas de forma fraudulenta, con expedientes que incluían radiografías falsas y documentos alterados.
El operativo permitió identificar beneficiarios que no cumplían requisitos, incluidos presos y prófugos de la Justicia. ANDIS confirmó que 212 presos y 331 prófugos recibían beneficios, algunos con múltiples causas penales.
La Agencia Nacional de Discapacidad continúa revisando estos beneficios, con el objetivo de devolver recursos al Estado y garantizar la transparencia. Las primeras medidas ya dieron de baja a miles de pensiones irregulares.
Con la atención pública sobre estos casos, se busca mejorar el uso de fondos sociales y evitar futuros fraudes, devolviendo confianza al sistema.
