Durante años, el kirchnerismo construyó un sistema fiscal basado en la sospecha permanente sobre quienes producen, ahorran e invierten. No fue una falla técnica ni una deriva inesperada: fue una arquitectura deliberada de castigo, sostenida por impuestos crecientes, inflación crónica, controles cambiarios y regulaciones arbitrarias.
Primero, el Estado empobreció a millones de argentinos licuando salarios y ahorros mediante una política monetaria inflacionaria. Luego, cuando esos mismos ciudadanos intentaron proteger lo poco que conservaban, fueron tratados como evasores potenciales. Esa fue la lógica dominante: empobrecerte y después perseguirte por no hundirte con el sistema.
La denominada Ley de Inocencia Fiscal introduce un quiebre con ese paradigma. No se trata solo de un blanqueo técnico ni de una maniobra contable de corto plazo. El cambio es más profundo: redefine la relación entre el individuo y el poder fiscal.
El nuevo esquema abandona la presunción implícita de culpabilidad que rigió durante décadas. El Estado deja de considerar que todo ciudadano debe justificar cada decisión económica ante la burocracia.
Se establecen límites concretos al poder persecutorio, en especial sobre el pasado patrimonial. El mensaje es claro: el Estado ya no puede escarbar indefinidamente en tu historia financiera ni tratar los ahorros como si fueran bienes bajo su tutela.
No es una concesión política ni un gesto de benevolencia. Es un retroceso del poder estatal sobre un ámbito que nunca debió haber sido invadido.
Durante más de 20 años, el progresismo consolidó un Estado que operó como socio forzoso en la vida económica de los argentinos.
Si trabajabas, te exprimía con carga tributaria creciente.
Si invertías, te castigaba con incertidumbre jurídica.
Si ahorrabas en dólares para protegerte de la inflación, eras señalado como enemigo del “modelo”.
El rol de la AFIP fue central. Las inspecciones selectivas, las multas arbitrarias y las causas penales por montos menores no fueron excesos aislados: fueron herramientas de disciplinamiento político y social.
El contribuyente era tratado como una presa. La burocracia, como cazador con poder discrecional.
Claves del nuevo esquema fiscal:
Se eliminan revisiones retroactivas indiscriminadas
Se fija un límite al poder punitivo del Estado
Se reducen márgenes de arbitrariedad administrativa
Se protege el ahorro privado como expresión legítima
Se debilita el uso del fisco como herramienta de control político
La Ley no elimina el problema de fondo —un sistema tributario basado en la coerción—, pero reduce su intensidad y acota sus abusos más evidentes.
La reacción de la izquierda y del aparato progresista era previsible. Su proyecto necesita un Estado omnipresente, con capacidad de vigilar, intervenir y sancionar.
Sin ese poder fiscal expansivo, se debilita el andamiaje de la llamada “justicia social”, que en la práctica funciona como un sistema de redistribución forzada. Por eso, cualquier límite al poder impositivo es presentado como una amenaza estructural.
Algo más profundo comienza a consolidarse: la comprensión social de que la libertad económica no es un privilegio, sino una condición básica de dignidad.
Ahorrar no es un delito. Invertir no es una traición. Producir no es una culpa.
La consigna que sintetiza este giro es tan simple como potente: ahora lo tuyo es tuyo. No porque el Estado haya decidido perdonar, sino porque —por primera vez en mucho tiempo— empieza a retroceder.
Y cada vez que el Estado retrocede, la libertad deja de ser un discurso para convertirse en una realidad concreta.
