Mientras los defensores de la libertad de expresión observan con preocupación lo que sucede en Brasil, es importante recordar que la censura y la persecución política podrían haber sido una realidad en Argentina bajo el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández y, de haber ganado, Sergio Massa.
Existen suficientes evidencias para creerlo, no solo por los comentarios de varios dirigentes kirchneristas, similares a las excusas de Lula da Silva para censurar a la oposición, sino también por la actitud de Malena Galmarini. Durante la campaña electoral de 2023, Galmarini presentó una denuncia de más de 1200 páginas en la que mencionaba a numerosas personalidades de X (antes Twitter) simplemente por criticar a Massa.
El expresidente Alberto Fernández, tras finalizar una de sus giras por Estados Unidos, mencionó la idea de "regular las redes sociales" en relación al "atentado" sufrido por la condenada por corrupción, Cristina Kirchner.
"Tras la pandemia se ha generado un gran desánimo a nivel global, aprovechado por sectores reactivos; a veces de izquierda, a veces de derecha, pero parecen prevalecer los de derecha, y promueven un discurso confrontativo y de odio que a veces penetra en la mente de muchas personas", afirmó Fernández.
Luego, el exmandatario señaló que este "es un problema que debemos enfrentar" y subrayó que durante su discurso en Estados Unidos, en la Asamblea General de la ONU, habló "de la necesidad de regular de alguna manera el uso de las redes sociales para que deje de circular el discurso violento y de odio; me parece que es algo que debemos hacer como sociedad porque nadie quiere lo que le pasó a Cristina".
En otra ocasión, Fernández expresó que su gobierno iba a "profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales. Estamos trabajando en un proyecto pionero que propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia", intentando justificar así la censura.
Un legislador de La Cámpora también mencionó que "hay factores de poder que intervienen y no están regulados, ¿o acaso vamos a negar la influencia de las redes sociales en la vida pública y democrática?", para luego agregar que "es un mensaje a nuestro propio Gobierno nacional que tiene que tomar cartas en el asunto y rediscutir estos temas", exigiendo más censura y persecución política. Finalmente, sostuvo que "el discurso del odio, el sentido común construido constantemente, genera subjetividades violentas, no solo en la fuerza opositora, sino también en la sociedad, y después no hay forma de regular esa violencia inducida".
El excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, propuso regular las redes sociales siguiendo el ejemplo de "varios países del Primer Mundo", que cada vez se asemejan más a dictaduras, como es el caso de Reino Unido.
"El modelo más adecuado es el de Australia, que respeta la libertad de opinión y establece criterios relacionados con la protección de menores, calumnias e injurias. Define parámetros muy específicos que están alineados con la libertad de expresión", afirmó durante una entrevista por streaming con Gerónimo Benavides, conocido como Momo.
El exministro de Economía justificó la censura diciendo que "cuanto más libre sos, mayor es la autorregulación". Y, sabiendo de los millones de pesos que su administración gastaba en pauta oficial para comprar a periodistas, añadió: "Lo que es importante es que el dueño de la identidad, la noticia y la libertad de opinión sea el ciudadano y no la empresa que regula el tráfico porque ahí sí puede haber manipulación vinculada a lo que es político".
Durante la campaña electoral de 2023, Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, presentó una denuncia en la justicia contra varios usuarios de Twitter y YouTube por la publicación de videos, memes y comentarios críticos hacia su esposo. Su colaboradora, la jueza María Romilda Servini, recibió la denuncia y, en tiempo récord, ordenó allanamientos en los domicilios de varios de los acusados, llegando incluso a realizar detenciones.
La denuncia presentada por Galmarini, en la que acusó a Mauricio Macri de orquestar un plan contra su esposo, fue fechada el 3 de noviembre, aunque no se hizo pública hasta que comenzaron los allanamientos. La causa fue iniciada en el Juzgado Federal N° 1, bajo la jurisdicción de María Romilda Servini, quien rápidamente autorizó los allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos de cientos de usuarios de Twitter mencionados en la denuncia de más de 1200 páginas presentada por Galmarini.
Alejandro Sarubbi Benítez, abogado de una de las personas denunciadas, quien fue allanada y detenida por publicar el término "Sergio Mafia" en referencia al exministro de Economía, respondió con una denuncia contra Galmarini por el delito de falsa denuncia y contra la jueza Servini por abuso de autoridad.
Además de la rapidez con la que la jueza autorizó los allanamientos y el secuestro de computadoras y teléfonos, llamó la atención la cantidad de recursos estatales utilizados para satisfacer el capricho dictatorial de Galmarini, que buscaba perseguir a todas las personas que criticaran a su esposo. Por si fuera poco, la jueza Servini dio la orden de que "no se notifique" a los denunciados para no entorpecer los allanamientos.
