La Corte Suprema de Rusia agregó al "movimiento LGBT" a su lista oficial de organizaciones terroristas y extremistas, prohibiendo cualquier actividad relacionada con esta comunidad. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Justicia, ha sido catalogada por defensores de derechos humanos como un paso alarmante hacia la discriminación sistemática en el país.
Desde la expansión de la ley de "propaganda gay" en 2022, las restricciones se han endurecido, afectando no solo a organizaciones, sino también a activistas y expresiones públicas de apoyo a los derechos LGBT. Símbolos como la bandera arcoíris ahora están sujetos a penalización bajo esta legislación.
La decisión ha generado un impacto emocional y físico significativo en la comunidad. Activistas advierten que proyectos esenciales, como refugios para personas transgénero, están en riesgo de desaparecer. Además, temen un aumento en los niveles de violencia y persecución, lo que podría forzar a muchos a abandonar el país en busca de seguridad.
Rosfinmonitoring, la agencia encargada de la lista de extremistas, tiene el poder de congelar cuentas bancarias, afectando a miles de personas designadas. Ahora, esta comunidad enfrenta la misma categoría que grupos como Al Qaeda y organizaciones opositoras al gobierno ruso.
Las leyes rusas han ido restringiendo progresivamente las libertades de la comunidad LGBT en la última década, en línea con la promoción de valores familiares tradicionales por parte del presidente Vladimir Putin. Estas políticas incluyen la prohibición de relaciones sexuales "no tradicionales" y cambios de género legales o médicos.
Los efectos inmediatos del fallo son el aumento del miedo y la inseguridad dentro de la comunidad, así como nuevas amenazas de multas y penas de cárcel para quienes desafíen estas medidas. Para muchos, quedarse en Rusia ya no es una opción segura.