El empresario cordobés Lucas Salim lanzó una dura crítica contra el esquema de protección estatal que, durante décadas, sostuvo a la industria del neumático en la Argentina. A través de sus redes sociales, calificó como “políticas empobrecedoras” al modelo de sustitución de importaciones y aseguró que ese andamiaje regulatorio terminó castigando al consumidor y debilitando la competitividad real.
Salim recordó que debió comprar cubiertas en el exterior ante los precios irrisorios del mercado local, una situación que —según afirmó— se repitió entre miles de argentinos durante años. De acuerdo a su diagnóstico, el costo de los neumáticos en el país duplicaba los valores de países vecinos, lo que empujó a usuarios a viajar a Paraguay o Uruguay para acceder a productos de calidad a precios razonables.

El empresario fue más allá y cuestionó la existencia de una industria nacional que, bajo protección permanente, terminó consumiendo recursos del sector más vulnerable sin generar beneficios sistémicos ni mejoras de productividad.
La crisis que atraviesa Fate expuso, para Salim, el agotamiento de un modelo basado en bloqueos a la importación y márgenes artificiales. La firma liderada por Javier Madanes Quintanilla dependió históricamente de un blindaje regulatorio que le permitió sostener precios elevados sin invertir en eficiencia real.

Cuando el mercado comenzó a normalizarse, la falta de competitividad quedó al descubierto. La empresa no logró consolidar una posición exportadora sólida ni avanzar en procesos de automatización acordes a los estándares globales. En lugar de eso, optó —según el diagnóstico empresario— por profundizar el lobby ante el Estado y mantener cautivo al consumidor argentino.
El cierre de estructuras ineficientes, advirtió Salim, simboliza el fin de un empresariado prebendario que exige protección en lugar de competir. Un esquema que, lejos de generar desarrollo, terminó encareciendo insumos clave y limitando el acceso a bienes básicos.
En ese contexto, el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria por 15 días para frenar las medidas de fuerza del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA). La decisión apunta a preservar la paz social mientras se desarrollan instancias administrativas de negociación.
La Secretaría de Trabajo informó que el conflicto arrastra antecedentes críticos desde junio de 2024, cuando la empresa solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis, que concluyó sin acuerdos en agosto. Posteriormente, en mayo de 2025, las partes firmaron convenios de reorganización para intentar mitigar el deterioro económico, sin resultados concluyentes hasta el momento.
A la debilidad estructural se sumó una conflictividad sindical crónica, con paros prolongados y bloqueos que afectaron la previsibilidad operativa. Esta inestabilidad impactó de lleno en los costos, la planificación industrial y el cumplimiento de compromisos comerciales.
Salim concluyó que la Argentina debe producir solo donde sea verdaderamente competitiva. Para el empresario, la apertura económica permitirá dejar atrás un sistema que benefició a pocos y empobreció al 60% de la población, al tiempo que habilitará productos más baratos y accesibles para millones de consumidores.