El Sindicato de Camioneros enfrenta un clima tenso tras la firma de un acuerdo entre Hugo Moyano y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El pacto garantiza la continuidad laboral de 6.000 recolectores de residuos hasta 2028, pero elimina la tradicional "Ley Moyano", que otorgaba indemnizaciones a los empleados por cambios en las concesiones.
El descontento se ha hecho evidente en asambleas como las realizadas en Cliba, donde los recolectores mostraron su enojo con insultos y críticas a Pablo Moyano. Según videos difundidos, los trabajadores acusaron al sindicato de traicionar sus intereses, cuestionando las promesas incumplidas respecto a las indemnizaciones.
El principal conflicto radica en la falta de indemnizaciones para los trabajadores, a excepción de aquellos cerca de la jubilación o con problemas de salud. Además, una mala comunicación sobre las condiciones del acuerdo ha generado confusión entre los empleados, quienes no fueron informados adecuadamente de los términos del pacto.
Marcelo Aparicio, número 3 del sindicato, defendió el acuerdo en redes sociales, argumentando que la "Ley Moyano" era un privilegio fuera del marco legal y que el convenio buscaba proteger los derechos laborales. Afirmó que no hubo perjuicio para los trabajadores y pidió una reflexión ante las críticas.
El conflicto también revela divisiones dentro de la dirigencia sindical. Mientras Hugo Moyano lideró las negociaciones, desplazando a su hijo Pablo, las críticas se centraron en la falta de cumplimiento de promesas previas, generando una fricción entre los Moyano y las bases del sindicato.
El acuerdo con el gobierno porteño busca garantizar la estabilidad laboral hasta 2028, pero ha puesto en evidencia las limitaciones del sindicato en un contexto económico y político difícil. Los camioneros cuestionan la falta de transparencia en la negociación, lo que pone en riesgo la unidad interna y el poder de negociación del gremio.
