El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, entregaron recientemente la vivienda número 115.000 en 42 meses de gestión.
A pesar de las declaraciones en favor del acceso a la vivienda como un derecho humano, la realidad habitacional de las mayorías trabajadoras y populares dista mucho de las palabras presidenciales.
Según los cálculos, se entregaron aproximadamente 2.738 viviendas por mes en todo el país durante el mandato de Fernández, y a ese ritmo, tomaría 91 años acabar con el déficit habitacional, estimado en más de 3,5 millones de viviendas según el Censo 2010.
Datos preliminares del Censo 2022 revelan que solo el 65,5% de los hogares en todo el país disponen de vivienda propia, lo que significa que uno de cada tres hogares no tiene casa propia.
El informe presentado por Rossi en el Congreso en junio, mostró un ritmo lento en la entrega de viviendas. Hasta fines de mayo, se habían entregado 108.579 viviendas en todo el país. Sin embargo, la brecha entre lo entregado y las necesidades habitacionales es enorme.
En la Ciudad de Buenos Aires, con una población de más de 3 millones de personas, se entregaron solo 4.250 viviendas. En la provincia de Buenos Aires, con más de 17 millones de habitantes, se entregaron 20.080 viviendas.
La falta de políticas habitacionales que respondan a las necesidades populares es evidente, y las demandas habitacionales no están siendo abordadas en la actual campaña electoral.
Mientras tanto, las familias que fueron desalojadas en Guernica en 2020 siguen esperando la construcción y entrega de viviendas en el mismo lote.
Las propuestas habitacionales de los precandidatos electorales no están centradas en las necesidades reales de las mayorías que sufren los efectos de la crisis económica y social. La falta de viviendas accesibles y el aumento de los precios de los alquileres han dejado a muchas familias sin opciones viables.
Es necesario tomar medidas concretas para abordar esta problemática, como destinar recursos a la construcción de viviendas para las familias trabajadoras, establecer un sistema bancario estatal que brinde créditos accesibles y subsidiados, y gravar las viviendas ociosas.
La pobreza y las condiciones de vida precarias de las mayorías no se solucionarán sin un enfoque integral y políticas efectivas.
