Las denuncias falsas de violencia de género generan un debate constante en la sociedad uruguaya. Mientras la Ley 19.580 busca proteger a las mujeres víctimas de violencia, también se denuncia que ha propiciado abusos legales que afectan a hombres inocentes. ¿Es posible encontrar un equilibrio entre justicia y protección?
Sancionada en 2017 durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, la Ley 19.580 fue aprobada casi por unanimidad en el Parlamento. Su objetivo declarado era combatir la violencia de género, pero detractores argumentan que contiene disposiciones que podrían llevar a injusticias.
Según críticos, la definición amplia de “violencia de género” incluye desde agresiones físicas hasta actos menores, lo que abre la puerta a interpretaciones subjetivas y posibles abusos. Las ONG feministas y organismos como la Comuna Mujer han sido señalados por su rol en fomentar el uso indiscriminado de esta herramienta legal.
Aunque no hay cifras oficiales concluyentes, profesionales del derecho han denunciado un incremento en los casos de denuncias falsas. Estas situaciones, muchas veces impulsadas por conflictos personales, saturan los Juzgados de Familia Especializada en Montevideo y otras regiones.
El artículo 56 de la Ley 19.580 establece que quien realiza una denuncia con “verosimilitud” no incurre en responsabilidad alguna, incluso si se demuestra que la denuncia era infundada. Esto ha generado que hombres inocentes sufran graves consecuencias, como medidas cautelares que incluyen el alejamiento de sus hogares o el uso de tobilleras electrónicas.
Hombres inocentes que enfrentan denuncias falsas son a menudo los más perjudicados. Estas situaciones no solo afectan su reputación, sino también su vida cotidiana, su estabilidad emocional y sus relaciones familiares. A pesar de que algunos jueces detectan las irregularidades, el marco legal los obliga a proceder con las investigaciones.
Modificar la Ley 19.580 para garantizar justicia sin caer en abusos es un desafío pendiente. Abogados y analistas coinciden en que se necesitan medidas para:
Penalizar las denuncias falsas.
Implementar protocolos que aseguren investigaciones más rigurosas.
Brindar apoyo tanto a las verdaderas víctimas como a los afectados por falsas acusaciones.
El gobierno de Luis Lacalle Pou no ha introducido cambios significativos a la ley, lo que deja el tema abierto para futuros debates legislativos. Mientras tanto, el número de denuncias falsas y sus consecuencias continúan siendo un problema que divide opiniones en la sociedad.
Resolver este dilema requiere un equilibrio entre proteger a las mujeres vulnerables y evitar injusticias contra hombres inocentes. ¿Será posible alcanzar un consenso que permita una justicia verdaderamente equitativa? La respuesta sigue siendo incierta.
