La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) volvió a endurecer su postura contra el Gobierno de Javier Milei y elevó el nivel de confrontación al advertir que los gobernadores que respalden la reforma laboral “firmarán su sentencia de muerte”. La frase fue pronunciada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, en la previa del tratamiento legislativo del proyecto oficial en el Senado de la Nación, previsto para este miércoles.
Las declaraciones se produjeron en un contexto de alta tensión política y sindical, con movilizaciones impulsadas por sectores gremiales opositores al Gobierno. En Rosario, el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) encabezó una protesta junto a organizaciones sindicales identificadas con el kirchnerismo, con el objetivo explícito de presionar a gobernadores y senadores nacionales para que rechacen la iniciativa.
El dirigente de ATE Nacional fue quien llevó el discurso al extremo. “Los gobernadores que avalen esta reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte, y la sentencia de muerte de su provincia”, afirmó públicamente, sin ofrecer argumentos técnicos sobre el contenido del proyecto.
El mensaje, difundido también a través de redes sociales, fue interpretado como una amenaza directa en el marco de un debate institucional que se desarrolla en el Congreso. Desde el oficialismo y sectores afines al proyecto señalaron que este tipo de expresiones no contribuyen a una discusión democrática ni al análisis de fondo de la reforma.
Aguiar reiteró además su rechazo a la iniciativa al sostener que implicaría beneficios fiscales para las empresas y una supuesta pérdida de derechos laborales. Según el sindicalista, la reforma “pone en riesgo todos los derechos laborales que conocemos”, una afirmación que no fue acompañada por referencias concretas a artículos específicos del proyecto.
La iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei tiene como eje la modernización del mercado laboral, con el objetivo declarado de promover el empleo formal y reducir los niveles históricos de informalidad en la Argentina. El proyecto forma parte del paquete de reformas estructurales que el Ejecutivo busca aprobar con el respaldo de las provincias.
En ese marco, el sindicalismo estatal se posicionó como uno de los principales focos de resistencia. Aguiar incluso cuestionó las restricciones a las movilizaciones previstas para la jornada del debate y llamó a sostener medidas de fuerza. En un video difundido en redes, afirmó: “Todos los derechos laborales que conocemos están en riesgo de perderse” y calificó como un “error grave” limitar protestas frente al Congreso.
Dato a señalar: en sus declaraciones públicas, Aguiar mencionó el miércoles 11 como fecha clave, aunque en el material difundido no se precisa el mes ni el año, lo que genera ambigüedad temporal.
Las expresiones recientes se suman a una serie de antecedentes que ubicaron a Rodolfo Aguiar en el centro de la polémica política y judicial. Desde el inicio del gobierno libertario, el titular de ATE adoptó una estrategia de confrontación directa con la Casa Rosada.
Entre los episodios más graves mencionados por fuentes oficiales figura una declaración realizada en noviembre, en la que Aguiar sostuvo que su objetivo era “provocar la crisis de este gobierno”, lo que derivó en una denuncia penal del Ministerio de Seguridad por presuntas amenazas al orden constitucional. En el texto original no se especifica con claridad el año de ese hecho.
Otro antecedente citado corresponde a fines de 2024, cuando el dirigente sindical afirmó que “el 2025 tiene que ser el año en el que les robemos la motosierra y les empecemos a cortar la cabeza a ellos”, una frase que fue ampliamente repudiada por su contenido violento.
