Un sector de la policía de Santa Fe protagonizó este martes un acuartelamiento parcial en Rosario, luego de una nueva protesta frente a la Jefatura de la Unidad Regional II. La medida impactó de lleno en el esquema de seguridad: al menos 20 patrulleros se negaron a salir durante la madrugada, cifra que trepó a unos 60 móviles fuera de circulación hacia las 9 de la mañana.
La respuesta del Gobierno provincial fue inmediata y de tono confrontativo. El Ejecutivo ordenó el retiro de armas reglamentarias y chalecos antibala, dispuso el pase a disponibilidad de los efectivos involucrados y activó el traslado de policías desde otras localidades, además de solicitar refuerzos de fuerzas federales.
La escena dejó al descubierto una situación que venía gestándose en silencio: una fuerza agotada, desbordada y sin contención política.
El conflicto se reavivó durante la noche del lunes y la madrugada del martes, cuando familiares y allegados de policías volvieron a manifestarse frente a la jefatura rosarina. La protesta terminó con incidentes y represión mediante gas pimienta, un dato que profundizó el malestar interno.
El trasfondo es la muerte del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, oriundo de Vera, quien falleció tras dispararse días antes en la puerta de la sede policial. El hecho sacudió a la fuerza y expuso una problemática estructural que el gobierno provincial no supo —o no quiso— abordar a tiempo.
Valdez prestaba servicio en Rosario bajo un régimen de jornadas de 12 horas, con traslados de hasta 500 kilómetros desde su ciudad de origen. Regresar de Rosario a Vera implica recorrer 501 kilómetros y más de ocho horas de viaje, consumiendo casi por completo el tiempo de descanso.
Hasta la semana pasada, además, los policías debían costear de su bolsillo el alojamiento y la comida durante su estadía.
Durante el fin de semana, el Gobierno anunció un plus salarial de $500.000 para los efectivos que trabajan en las principales ciudades y de $250.000 para los choferes de patrulleros. La medida, lejos de descomprimir, confirmó que la reacción oficial llegó cuando el conflicto ya estaba desbordado.
Las protestas continuaron y volvieron a terminar en incidentes frente a la jefatura. La combinación de represión interna, sanciones disciplinarias y falta de autocrítica profundizó el quiebre entre la conducción política y la base policial.
La crisis dejó expuesta una responsabilidad directa del gobernador Maximiliano Pullaro. Su gestión se apoyó en un discurso de orden y control del delito, pero descuidó las condiciones humanas y laborales de quienes deben garantizar esa seguridad.
Mientras el Ejecutivo exhibía estadísticas de baja del delito, la situación interna de la fuerza se deterioraba: desarraigo, agotamiento, falta de contención y presión constante.
Según datos de la Fiscalía de Rosario, 17 efectivos policiales se suicidaron en 2025, más de uno por mes. El dato resulta aún más grave si se tiene en cuenta que no hubo bajas por enfrentamientos con el crimen organizado. Hoy, el mayor riesgo para los agentes está dentro de la propia institución.
Pese a la gravedad, el Gobierno evitó la autocrítica. El ministro de Seguridad, Pablo Coccocioni, reconoció el conflicto pero denunció supuestas maniobras desestabilizadoras:
“Se fueron sumando grupos con acciones violentas y antijurídicas, sembrando fake news y buscando desestabilizar la seguridad de la provincia”, afirmó.
El acuartelamiento ocurrió en Rosario
Hasta 60 patrulleros quedaron fuera de servicio
El detonante fue la muerte del suboficial Oscar Valdez
El Gobierno anunció un plus salarial tardío
7 suicidios policiales en 2025 según la Fiscalía
El acuartelamiento parcial, la necesidad de recurrir a fuerzas federales y el colapso interno de la policía dejan una conclusión clara: la política de seguridad de Santa Fe entró en crisis bajo la conducción de Pullaro. No es un hecho aislado, sino el resultado de decisiones políticas concretas. El costo, hoy, lo paga toda la provincia.
