Un nuevo proyecto en la provincia de Buenos Aires ha generado una fuerte controversia, y muchos se preguntan: ¿realmente beneficia a la sociedad o pone en peligro la seguridad de todos? Se trata de la propuesta impulsada por la diputada kirchnerista Lucía Iañez, respaldada por el gobernador Axel Kicillof, que propone la regularización de la ejecución de condenas para los jóvenes delincuentes. Sin dudas, este proyecto ha despertado un debate sobre la verdadera intención detrás de la “rehabilitación” de los menores infractores.

El proyecto propone que los jóvenes condenados por delitos cometidos antes de alcanzar la mayoría de edad cumplan penas "socio-educativas". Aunque en apariencia, esto busca facilitar su rehabilitación, la realidad es que podría terminar siendo un incentivo para la impunidad. ¿Qué pasaría si estos jóvenes, responsables de crímenes graves, no cumplen con la condena que se merecen?

La propuesta plantea que aquellos menores con condenas inferiores a cinco años no sean trasladados a cárceles de adultos y, al llegar a los 21 años, hayan cumplido solo un tercio de su condena. Esta medida no solo favorece a los delincuentes, sino que genera un vacío en la justicia que podría poner en riesgo a la sociedad.

Además, la iniciativa es vista como un avance de la ideología de Axel Kicillof, que ha reiterado en público su compromiso con el bienestar de los jóvenes, pero muchos cuestionan si está priorizando los derechos de los delincuentes por encima de la seguridad de los bonaerenses. Mientras tanto, el debate sigue avanzando en la Cámara de Diputados, y los ciudadanos se preguntan si realmente se está protegiendo la seguridad pública o si el sistema judicial está cediendo ante los intereses de ciertos sectores.

La cuestión central no es si los jóvenes deben ser rehabilitados, sino cómo hacerlo de manera que no se afecte la justicia. Es esencial que los menores comprendan que sus actos tienen consecuencias, y que el sistema judicial sea firme en su aplicación. De lo contrario, el mensaje que se transmite es que la impunidad es una opción, lo cual no hace más que fomentar la inseguridad.

El avance de este proyecto no solo preocupa a quienes viven en Buenos Aires, sino que podría sentar un precedente para que otras provincias sigan el mismo camino, poniendo en peligro el equilibrio entre la justicia y la seguridad pública. Si el Senado aprueba este proyecto, los ciudadanos podrían ver cómo los delincuentes reciben un trato preferencial, mientras que los esfuerzos para proteger a la sociedad se ven opacados.

Este proyecto, respaldado por Axel Kicillof, es un reflejo de una política que podría tener efectos desastrosos a largo plazo. Los bonaerenses deben estar atentos a cómo se resuelve esta propuesta, ya que su aprobación podría cambiar la forma en que se maneja la justicia en la provincia, favoreciendo a los delincuentes en lugar de proteger a las víctimas y a la sociedad en general.