El Senado rechazó los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los jueces que Javier Milei había designado por decreto para integrar la Corte Suprema. Pero lo que parecía una discusión parlamentaria más, destapó una interna política que sacudió a la alianza no escrita entre el oficialismo y el PRO. ¿Por qué Patricia Bullrich acusa a Mauricio Macri de venganza? Y, sobre todo, ¿cómo afecta esto al futuro del máximo tribunal?
Todo comenzó con una votación en el Senado que terminó hundiendo las designaciones de Lijo y García-Mansilla. Aunque Milei los había nombrado “en comisión” mientras se esperaba la aprobación formal, la Cámara Alta decidió rechazarlos. Para lograrlo, se necesitaban senadores presentes... y ahí entraron dos legisladores del PRO, habilitando el tratamiento.
Esto fue leído por Bullrich como una jugada directa de Macri para bloquear al Gobierno. “Fue una vendetta total. Se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto al Presidente”, lanzó la ministra, sin vueltas, en La Nación+.
La relación entre Javier Milei y Mauricio Macri ya venía con chispazos. Diferencias estratégicas, gestos fríos y disputas como la que se viene en CABA el 18 de mayo alimentaron la tensión. Pero esta votación en el Senado terminó por abrir una grieta visible entre el oficialismo y el partido fundado por Macri.
Según Bullrich, el ex presidente no soporta ver que al Gobierno le va bien: “Está con bronca, actúa por impulso, no por inteligencia”.
El caso de Ariel Lijo quedó en pausa total. No llegó a asumir porque la Corte no le aceptó la licencia de su cargo actual como juez. Le pidieron renunciar, pero él no lo hizo. Sin ese paso, su designación no tiene validez práctica.
En cambio, Manuel García-Mansilla sí juró como ministro. Sin embargo, al no tener el respaldo de los dos tercios del Senado, su situación está en un limbo legal. El kirchnerismo ya anticipó que irá a fondo para impugnarlo. Desde el Gobierno aseguran que los nombramientos siguen vigentes hasta noviembre de 2025.
Este revés deja a la Corte Suprema en una situación delicada. La falta de consensos políticos para completar su integración suma incertidumbre institucional. Las designaciones por decreto, si bien legales en ciertos contextos, generan tensiones cuando no hay respaldo legislativo.
Ricardo Lorenzetti, actual juez del tribunal, opinó que el rechazo del Senado es válido, aunque aclaró: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”.
