¿Qué pasará con los responsables de los disturbios frente al Congreso? Esa es la pregunta que muchos se hacen después de la jornada violenta de la semana pasada. Para responderla, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un plan de recompensas para quienes ayuden a identificar a los terroristas responsables de los destrozos.
“Vamos a pagar una recompensa para que la mayor cantidad de delincuentes que rompieron y destruyeron vayan presos”, aseguró Bullrich en una entrevista reciente. La medida busca incentivar denuncias contra quienes participaron en los hechos de violencia, asegurando que “intentaron llevarse puesta la democracia y la paz de la ciudadanía”.
Aunque la ministra no dio detalles sobre el mecanismo de recompensas, sí dejó en claro que el Gobierno no permitirá nuevos intentos de generar caos en las calles.
En medio de la polémica, Bullrich defendió el accionar de la Gendarmería durante la represión de las protestas, especialmente en el caso del fotógrafo Pablo Grillo, quien sufrió una grave herida en la cabeza. Según la ministra, los agentes actuaron dentro del marco legal y frente a una escalada de violencia promovida por grupos radicalizados.
La funcionaria también cuestionó la presencia de barrabravas en las manifestaciones y su relación con sectores políticos.
Como parte de las medidas de seguridad, el gobierno de Javier Milei prohibió el acceso a estadios y eventos deportivos a 26 barras involucrados en los disturbios.
La decisión quedó oficializada en la resolución 343/2025 publicada en el Boletín Oficial y establece una restricción de concurrencia administrativa por tiempo indefinido. Todos los sancionados están imputados por “atentado y resistencia a la autoridad”, y al menos doce tenían antecedentes penales o pedidos de captura activos.
Durante los enfrentamientos en el Congreso, los barras lanzaron piedras y otros proyectiles contra las fuerzas de seguridad, protagonizando algunos de los momentos más violentos de la jornada.
Además, fuentes oficiales confirmaron que varios de ellos mantienen vínculos con punteros políticos kirchneristas, ya sea a nivel municipal o en cargos obtenidos tras participar en listas electorales.
Con estas decisiones, el oficialismo busca endurecer su postura contra quienes participen en hechos de violencia en protestas o intenten desestabilizar el orden público. Bullrich advirtió que seguirán aplicando mano dura y que la oferta de recompensas es solo el primer paso para identificar y encarcelar a los responsables.
¿Será suficiente para frenar nuevas manifestaciones violentas?