Hay una pregunta que hasta ahora nadie pudo responder del todo, y que es clave para entender la magnitud del caso: ¿cómo logró un empresario preso seguir facturando millones durante años sin que el Estado lo frenara? Esa es justamente la trama que empieza a revelar la nueva investigación de la DGI, y lo que vas a entender en esta nota.
La causa apunta directo al corazón del negocio inmobiliario que Lázaro Báez montó mientras cumplía condena por lavado de dinero y fraude al Estado. Entre 2020 y 2025, el empresario —ligado históricamente al kirchnerismo— habría evadido impuestos por un circuito de alquileres que superó los 240 millones de pesos. Todo, sin presentar declaraciones por Ganancias ni Bienes Personales.
Cristina entrando al Banelco a retirar ??lo espera el ex cajero del banco Lázaro Báez. pic.twitter.com/PH58G7Ogcr
— José Figueroa Alcorta (@Jofa2010) November 6, 2025
El dato que más ruido hace es que Báez manejó este esquema desde la cárcel. ¿Cómo lo hizo? Aprovechando que el embargo judicial solo le impide vender sus propiedades, pero no explotarlas comercialmente. Así, se activaron más de 50 contratos sobre unas 20 propiedades, la mayoría ubicadas en Río Gallegos, que ahora están bajo la lupa de la DGI.
La operatoria sería simple, pero efectiva: alquileres cobrados en efectivo y en dólares, fuera del radar de las cuentas bancarias embargadas. En esa red aparece su círculo íntimo: sus hijos Martín y Leandro, su pareja Claudia Insaurralde y ex empleados de Austral Construcciones. Todos ellos habrían colaborado para mantener el flujo del negocio mientras el empresario seguía preso.
Las inmobiliarias Patagonia Propiedades y Master Gestoría funcionaron como nexos para la “distracción de fondos” y la distribución entre posibles testaferros. Entre los inquilinos hay nombres que también llaman la atención: Claudio Ángel Kirchner, funcionario del gobierno santacruceño y pariente lejano del expresidente; y una locataria vinculada a Germán Nivello, ex funcionario cercano a José López y procesado en la causa Cuadernos.
Pero el negocio no habría prosperado solo puertas adentro. La investigación también reveló complicidad kirchnerista dentro de la propia DGI de Río Gallegos. Hubo desplazamientos recientes en áreas clave por negligencia, todas bajo la gestión de funcionarias designadas por Virginia García, excuñada de Máximo Kirchner. Ese dato explica cómo la maniobra pudo sostenerse durante años sin controles reales.
Ahora, mientras los peritajes avanzan y se cuantifica el movimiento total del circuito, la pregunta del inicio empieza a tener respuesta. El caso muestra cómo un empresario condenado logró sostener —y expandir— un negocio millonario gracias a una combinación de vacíos legales, vínculos familiares y fallas internas del Estado.
Y deja al descubierto algo que, por lo visto, sigue vigente: la capacidad de ciertos sectores del poder para reinventarse, incluso tras las rejas.
