¿Te imaginás un Estado donde solo quien trabaja bien es reconocido y los privilegios pasan a la historia? Esa es la propuesta que Alfredo Cornejo lleva adelante en la Legislatura provincial con la reforma del Estatuto del Empleado Público en Mendoza, y promete cambiar la administración pública como nunca antes.
La iniciativa ya logró media sanción en la Cámara de Diputados y se espera que el Senado, con mayoría oficialista, la convierta en ley pronto. Si se aprueba, marcará un antes y un después: los beneficios heredados y prácticas ineficientes quedarían atrás, dando paso a un Estado más ágil y justo.
Entre los puntos centrales de la reforma destacan:
Planta interina: se crea un régimen de estabilidad relativa para empleados, siguiendo lo que establece la Ley de Contrato de Trabajo.
Fin de privilegios hereditarios: se eliminan los beneficios que permitían acceder a cargos por vínculos familiares.
Concursos obligatorios: solo quienes aprueben procesos transparentes accederán a la planta permanente.
Agilidad en indemnizaciones: se fija un máximo de 30 días para el pago.
Reconocimiento de antigüedad justo: se computarán únicamente los aportes realizados en relación de dependencia, evitando distorsiones.
Para Cornejo, el objetivo es claro: “premiar al que haga bien su trabajo” y garantizar que los recursos del Estado se usen de manera eficiente, reconociendo a empleados responsables y mejorando sus condiciones salariales.
La reforma no estuvo exenta de críticas. Algunos gremios estatales y sectores opositores cuestionaron los cambios, defendiendo los privilegios del sistema actual. Cornejo respondió que transformar el Estado es necesario para brindar un servicio público de calidad.
Además, criticó a ciertos jueces vinculados al peronismo, que según él “fallan siempre en contra de la Provincia” en cuestiones laborales, afectando las cuentas públicas y premiando la ineficiencia. Para el gobernador, es momento de dejar atrás el “Estado bobo” y avanzar hacia un modelo moderno y exigente.
La reforma también se alinea con las propuestas del presidente Javier Milei a nivel nacional, anticipando reformas estructurales y blindando a Mendoza con reglas claras que eviten abusos. La provincia busca consolidar un Estado eficiente, donde la meritocracia y la responsabilidad sean prioridad.
La transformación del empleo público en Mendoza se presenta como un ejemplo de coraje político: un Estado que funciona, que premia el esfuerzo y que pone fin a los privilegios heredados. La pregunta que queda abierta es: ¿cómo impactará esta reforma en el día a día de los empleados y en la eficiencia de los servicios públicos provinciales?
