Un informe exclusivo de La Derecha Diario detalla los primeros resultados de las auditorías sobre el sistema de pensiones por invalidez en Argentina, donde se detectaron serias irregularidades que involucran a políticos y beneficiarios. Estas investigaciones han revelado que entre 1.200 y 2.000 millones de dólares fueron desviados en solo un año.

Desde agosto de 2024, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha iniciado auditorías sobre aproximadamente 29.000 beneficiarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y más de 300.000 en la provincia de Buenos Aires, extendiéndose próximamente a otras provincias como Chaco, Jujuy y Salta, que cuentan con alrededor de 175.000 pensiones.

Irregularidades en los primeros resultados de las auditorías

Los primeros hallazgos en CABA son alarmantes: el 67% de los 10.000 beneficiarios no pudo ser localizado en sus domicilios registrados, lo que genera dudas sobre la validez de sus declaraciones. Esta situación ha obligado a las autoridades a realizar una segunda citación mediante cartas documento y correos electrónicos.

En cuanto a las incompatibilidades detectadas, se encontró que solo el 43% de los beneficiarios auditados cumplen con los requisitos legales para recibir las pensiones por invalidez, lo que podría derivar en la anulación de muchas de estas prestaciones.

En la provincia de Buenos Aires, de los 900 pensionados convocados en la primera fase de auditoría, el 21% no pudo ser ubicado, mientras que solo el 20% de los que se presentaron cumplía con los requisitos.

Casos más graves descubiertos durante las auditorías

Algunos de los casos más impactantes detectados durante las auditorías incluyen:

• Un hombre que se presentó acompañado de un abogado, alegando cuatro diagnósticos médicos distintos.
• Beneficiarios representados por miembros del Movimiento Evita y otros abogados.
• Una persona cuya familia afirmó que estaba en Egipto desde hacía meses.
• Una mujer que intentó hacerse pasar por su esposo fallecido, cuya muerte no había sido registrada oficialmente.
• Dos individuos que, pese a estar bajo condena judicial, seguían recibiendo la pensión. Uno de ellos tenía arresto domiciliario pero se presentó en persona.

Uno de los aspectos más preocupantes es que estos dos últimos beneficiarios, a pesar de no cumplir con las condiciones de salud necesarias, recibieron la pensión a través de un trámite expedito que tomó solo 13 días en diciembre de 2023.

La necesidad de una revisión integral del sistema

Ante los hallazgos, las autoridades de la ANDIS están decididas a implementar un sistema más transparente y justo, en un contexto que hasta ahora ha sido marcado por el abuso y la corrupción. Los resultados de las auditorías están siendo enviados a la Fiscalía que lleva adelante las investigaciones penales correspondientes.

Este escándalo ha evidenciado la urgencia de revisar de manera integral el sistema de pensiones por invalidez laboral para garantizar que solo aquellos que realmente lo necesitan puedan acceder a los beneficios.