El Ministerio de Justicia de la Nación metió mano a fondo en el tablero penal de Argentina este viernes. Con las resoluciones 483/2026 y 484/2026 en mano, el ministro Juan Bautista Mahiques formalizó dos estructuras urgentes: el rastreo de fondos turbios digitales y el andamiaje del régimen penal juvenil. La jugada oficial busca atar cabos administrativos antes de que las causas por estafas y la presión social por la delincuencia juvenil desborden los tribunales federales de Buenos Aires.

En los pasillos de Comodoro Py la movida causó ruido inmediato por el reparto de casilleros técnicos clave. El flamante Programa Nacional de Política Criminal en Materia de Ciberdelincuencia y Evidencia Digital quedó formalizado bajo la firma ministerial, dejando a la vista que la rosca por el control de la evidencia digital no espera los tiempos legislativos mientras las billeteras virtuales y la inteligencia artificial cambian el mapa criminal en tiempo real.

Para pilotear la tormenta tecnológica, el funcionario ubicó al asesor Mariano Tomás Rivas con un cargo de coordinación ad honorem que genera suspicacias entre los operadores tradicionales. En el despacho oficial argumentan que “quien tendrá a su cargo la coordinación y el seguimiento de las acciones desarrolladas en el marco del Programa, de conformidad con los objetivos y lineamientos establecidos” será la pieza que unifique la trazabilidad de criptoactivos con la Ley 25.326 de datos personales.

La otra ventanilla caliente atiende el reclamo de la calle con la puesta en marcha del régimen penal juvenil regulado por la Ley 27.801. Sin presupuesto extra a la vista, la designación de Débora Eliana Di Girolamo como titular ejecutiva sin sueldo marca el pulso de una gestión que prefiere apurar sellos administrativos antes de lidiar con el colapso de los institutos de menores en territorio bonaerense y federal.

El nudo central pasará por el nuevo Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil y la contención de damnificados en conjunto con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia. En las provincias miran de reojo las exigencias operativas porque el Estado pretende tercerizar el seguimiento tutelar sin abrir las billeteras presupuestarias hacia las jurisdicciones locales, donde realmente se juega la reincidencia de cada causa caliente.

La coordinación final quedará bajo la lupa de la Cancillería, el Convenio de Budapest y el Registro Nacional de Reincidencia. Detrás del paper burocrático y los convenios internacionales, el oficialismo intenta blindarse ante la opinión pública: ¿alcanza con organigramas ad honorem para frenar la sangría en la calle y la web? El expediente ya rueda y la cuenta regresiva judicial comenzó.

Lo que tenés que saber sobre los nuevos programas de Justicia

 

• Creación de dos áreas estratégicas: El Gobierno formalizó el programa de ciberdelincuencia (PRONACIB) y el de implementación del régimen penal juvenil mediante las resoluciones 483/2026 y 484/2026.
• Coordinaciones ad honorem: Mariano Tomás Rivas conducirá las investigaciones informáticas y Débora Eliana Di Girolamo ejecutará la aplicación de la Ley 27.801 de menores sin percibir remuneración.
• Foco en tecnología: El PRONACIB coordinará con fuerzas federales el rastreo de activos virtuales, fraudes con inteligencia artificial y la unidad 24/7 de evidencia digital.
• Supervisión tutelar: Se crea un registro y manual específico para supervisores que controlarán las medidas socioeducativas impuestas a menores en conflicto con la ley.
• Asistencia a víctimas: El plan contempla derivaciones, apoyo integral y patrocinio jurídico gratuito articulado con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia.