El día después de la multitudinaria Marcha Federal Universitaria que colmó la Plaza de Mayo, el Gobierno nacional salió a relativizar el impacto político de la protesta y defendió el ajuste sobre el sistema universitario público.
El encargado de fijar la postura oficial fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien sostuvo que la movilización no altera la situación fiscal ni las limitaciones presupuestarias del Estado.
“Vos podés juntar cien mil, un millón o cinco millones de personas, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales.
Las palabras de Álvarez llegaron luego de una de las mayores manifestaciones universitarias de los últimos años, impulsada por rectores, estudiantes, docentes y organizaciones políticas opositoras al gobierno de Javier Milei.
Para la administración libertaria, el debate no pasa por la presión callejera sino por la legalidad presupuestaria y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
Durante la entrevista, Álvarez fue más allá y aseguró que la normativa impulsada por sectores opositores para garantizar mayor financiamiento universitario “nació muerta”.
“La ley de ejecución presupuestaria dice claramente que toda ley que se haya votado y no indique la fuente de financiamiento será promulgada y suspendida en el mismo acto”, explicó.
Según el subsecretario, cualquier intento de ampliar partidas sin especificar de dónde saldrán los fondos viola principios básicos de administración fiscal.
El funcionario también remarcó que las políticas públicas no se definen por la cantidad de manifestantes sino por la representación democrática surgida de las urnas.
“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones las toman quienes representan democráticamente a la sociedad”, sostuvo.
En esa línea, afirmó que las protestas universitarias tienen un fuerte componente opositor y rechazó la idea de que se trate de movilizaciones independientes.
“No es que están intrusadas por la política, son políticas, están organizadas por partidos opositores”, lanzó.
Álvarez incluso apuntó contra el vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Anselmo Torres, a quien definió como “un político profesional que se presenta como profesor”.
Uno de los ejes más duros de la entrevista estuvo centrado en el funcionamiento interno de las universidades nacionales y el criterio de asignación presupuestaria.
“El sistema existe para generar graduados”, afirmó Álvarez, quien cuestionó que parte de los fondos públicos terminen destinados al sostenimiento de estructuras políticas universitarias.
El subsecretario ejemplificó con carreras que tienen muy pocos estudiantes pero mantienen planteles docentes completos.
Entre los casos mencionó:
Según explicó, redireccionar esos recursos hacia áreas consideradas estratégicas, como las ingenierías, suele generar resistencia dentro de las propias universidades.
Además, aseguró que actualmente no existen reglas objetivas modernas para distribuir el presupuesto universitario.
“Hace 40 años que es así”, afirmó.
Álvarez también comparó el costo estatal de distintas carreras universitarias para argumentar la necesidad de revisar prioridades presupuestarias.
Según indicó, un graduado en ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) le cuesta al Estado alrededor de 50 millones de pesos, mientras que un egresado de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) representa un costo cercano a los 423 millones.
En paralelo, el funcionario abrió otro debate sensible: el ingreso irrestricto y el arancelamiento de estudiantes extranjeros.
“El ingreso irrestricto tiene el problema de que vos lo tenés que financiar”, sostuvo.
Por eso, defendió modelos con exámenes de ingreso y sistemas de cupos similares a los utilizados en otros países.
También cuestionó que las universidades no cobren matrícula a estudiantes extranjeros pese a que ya existe autorización legal para hacerlo.
“Muchos vienen, estudian y después vuelven a su país”, afirmó.
La declaración más polémica llegó cuando sostuvo: “La Constitución dice que vengan a habitar el suelo argentino, no a parasitar el suelo argentino”.
El Gobierno busca instalar así un debate de fondo sobre el financiamiento universitario, la eficiencia del gasto público y el perfil del sistema educativo superior en medio del ajuste económico impulsado por la administración de Javier Milei.
