La Cámara de Diputados comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de subsidios al gas en zonas frías, una iniciativa que promete abrir un fuerte conflicto político entre la Casa Rosada y las provincias alcanzadas por los beneficios.
La reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda fue convocada para las 15 horas y tendrá como principal expositora a la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, quien defenderá la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo hace pocos días.
El oficialismo busca acelerar el tratamiento parlamentario para conseguir dictamen esta misma semana y llevar el proyecto al recinto el próximo 20 de mayo. Sin embargo, desde distintos bloques opositores ya anticiparon una fuerte resistencia.
La iniciativa apunta a reformular el esquema de subsidios conocido como “Zona Fría”, incorporando criterios de segmentación geográfica y socioeconómica bajo el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por decreto a fines de 2025.
El proyecto mantiene el beneficio pleno para los usuarios residenciales de gas natural y gas propano por redes en la Patagonia, la región de la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.
Sin embargo, el Gobierno propone limitar los subsidios en las provincias incorporadas durante la ampliación de 2021, aprobada bajo la gestión de Alberto Fernández.
Entre las provincias alcanzadas por aquella expansión aparecen:
En esos casos, el beneficio quedaría reservado exclusivamente para hogares de menores ingresos registrados en el sistema SEF.
Desde la Casa Rosada sostienen que la ley sancionada en 2021 amplió el régimen hacia regiones que “no presentan condiciones climáticas equivalentes” a las zonas históricamente subsidiadas, lo que —según el Ejecutivo— generó un incremento excesivo del costo fiscal y de los subsidios cruzados entre provincias.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno plantea que es necesario “garantizar equidad, eficiencia en el uso de los recursos públicos y responsabilidad fiscal”.
La propuesta generó una inmediata reacción de legisladores opositores, especialmente de provincias que podrían perder parte de los beneficios actuales.
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti acusó al Gobierno de “atacar el federalismo” y aseguró que la medida pondrá en riesgo a unas 400.000 familias mendocinas.
“Miles de familias y jubilados hoy tienen que elegir entre comer o calefaccionarse”, cuestionó la dirigente kirchnerista.
En la misma línea, la diputada santafesina Florencia Carignano advirtió que más de 500.000 santafesinos podrían verse afectados por la reforma.
“El odio político les nubla la mirada: quieren borrar derechos solo porque no los impulsaron ellos”, lanzó.
Desde Córdoba, la diputada Gabriela Estévez sostuvo que el impacto alcanzaría a unas 600.000 personas en esa provincia y denunció que “otra vez el ajuste recae sobre las clases medias y el interior productivo”.
El debate también abrió diferencias sobre el tratamiento legislativo del proyecto. El diputado y dirigente sindical Hugo Yasky pidió ampliar el giro de la iniciativa para que intervenga la Comisión de Defensa del Consumidor.
Según argumentó, la propuesta impacta directamente sobre las tarifas de gas y electricidad, la calidad de los servicios públicos y las condiciones de competencia dentro del mercado energético.
Mientras tanto, en el oficialismo buscan blindar el proyecto con respaldo de gobernadores y aliados parlamentarios, en un contexto donde el ajuste fiscal continúa siendo el eje central de la administración libertaria.
El resultado de la votación podría convertirse en una nueva prueba de fuerza para el Gobierno nacional en el Congreso, especialmente en un tema sensible para millones de usuarios del interior del país durante el invierno.
