La tensión entre el Sindicato de Camioneros y el gobierno de Jorge Macri está a punto de escalar. En un reciente ultimátum, Pablo Moyano advirtió de manera directa: “Me tenés que arreglar el tema de las indemnizaciones en octubre porque, si no, te voy a tapar la ciudad de basura”. Esta amenaza surge tras el conflicto que el sindicato desató el 21 de julio, cuando paralizó la recolección de residuos en Buenos Aires debido a un contrato de acarreo finalmente anulado.

El gremio sostiene que, al vencerse los contratos de recolección en octubre, los 6.000 trabajadores afiliados a Camioneros deberían recibir una indemnización de 200 millones de dólares, según estimaciones del gobierno porteño. Esta demanda está respaldada por la llamada “Ley Moyano”, una normativa no escrita que el sindicato utiliza para presionar a las empresas a indemnizar a los trabajadores y recontratarlos cada vez que se cambia de concesionario.

Los contratos actuales, que datan de enero de 2014, fueron extendidos en 2020 por cuatro años adicionales, hasta septiembre de 2028, como parte de una prórroga en el marco de la Ley 6384. Sin embargo, el sindicato considera que, incluso con la prórroga, se debe pagar indemnización a los trabajadores.

Desde el gobierno, se argumenta que la relación laboral sigue vigente dentro del marco del contrato prorrogado, y que, por lo tanto, el reclamo de indemnización carece de fundamento. En 2022, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ya había prorrogado los contratos de recolección debido a restricciones presupuestarias, y bajo la ley de emergencia económica de CABA.

El gobierno porteño ha decidido no pagar las indemnizaciones y resistir el posible nuevo conflicto con los Moyano. En julio pasado, el sindicato ya había paralizado el servicio de recolección debido a la anulación de un contrato de acarreo. La situación se complicó aún más por la alta valoración del servicio de grúas, lo que llevó a la protesta del sindicato.

La reciente interrupción de contactos entre el macrismo y Camioneros ha aumentado la tensión. El gobierno de la ciudad, que ha comenzado a enviar advertencias informales, se prepara para una posible intensificación del conflicto. La situación recuerda a conflictos anteriores, como el de Walmart en 2021, donde el sindicato presionó por indemnizaciones y reajustes bajo la "Ley Moyano".

La batalla entre Jorge Macri y el Sindicato de Camioneros no solo podría afectar la recolección de residuos, sino también influir en el panorama político local. La presión de los Moyano pone a Macri en una posición difícil, con el riesgo de una ciudad cubierta de basura mientras se resuelve el conflicto.

La cuenta regresiva para la próxima confrontación ya ha comenzado, y la resolución del conflicto podría definir el futuro político del actual gobierno porteño.