En el Congreso, el Gobierno avanza con la Ley Ómnibus, y la cuestión de las privatizaciones se convierte en el epicentro del debate. Aunque se logró el respaldo necesario para dar inicio a la sesión, la discusión detallada sobre el extenso articulado y, en particular, las privatizaciones, está lejos de llegar a un consenso.
La privatización de 40 empresas públicas fue uno de los puntos más disputados. Bloques como UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación se opusieron a la idea de privatizar en bloque y propusieron tratar cada empresa de manera individual. Aunque los libertarios liderados por Javier Milei eran inicialmente reticentes, la presión opositora logró dividir las privatizaciones en dos anexos, destacando las empresas a privatizar y aquellas sujetas a privatización parcial.
La exclusión de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) de la lista de privatizaciones desbloqueó parte del debate, pero las discrepancias persisten, especialmente entre la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal. La discusión interna y el rechazo a la privatización de firmas estatales clave, como YPF, Banco Nación y Arsat, generan disensos y plantean la necesidad de acuerdos con el Congreso para cualquier privatización.
En medio de intensas deliberaciones, el oficialismo busca un acuerdo con los bloques dialoguistas para aprobar en particular el capítulo de privatizaciones. Aunque el dictamen actual incluye 36 empresas a privatizar y tres sujetas a privatización parcial, la falta de consenso en las bancadas colaboracionistas complica la situación.
La jornada en el Congreso se perfila para debatir en general la ley, reservando para mañana la discusión artículo por artículo, donde el tema de las privatizaciones se erige como uno de los puntos críticos. La lista de empresas en juego, presentada en el Anexo I del articulado, refleja la magnitud del desafío que enfrenta el Congreso.
