¿Cómo pudo pasar que haya más votantes que habitantes? Esa fue la pregunta que encendió todas las alarmas en el norte argentino y que ahora tiene una respuesta judicial concreta. La Justicia federal de Salta decidió actuar y ya hay miles de nombres que quedaron afuera del padrón electoral.
La medida fue ordenada por el juez federal Julio Bavio, quien dispuso la exclusión inmediata de 2.150 ciudadanos bolivianos del padrón electoral por no tener domicilio real en la provincia de Salta. Según la resolución, estas personas habían obtenido documentación argentina de manera irregular y figuraban habilitadas para votar en Argentina, pese a vivir del otro lado de la frontera.
El caso más grave se detectó en Aguas Blancas, una localidad fronteriza donde el padrón electoral mostraba números imposibles de explicar. Allí, el padrón electoral registraba 5.736 electores, mientras que el último censo marcaba apenas 3.648 habitantes. Es decir, había un 57% más de votantes que personas viviendo realmente en el lugar.
La Justicia determinó que los ciudadanos excluidos no residían en Salta y que muchos declararon domicilios falsos. En varios casos, se trataba de personas que viven en Bolivia y cruzaban a Argentina solo para realizar trámites. Entre las irregularidades detectadas aparecen direcciones inexistentes, terrenos baldíos, locales comerciales y hasta espacios públicos usados como supuestos domicilios.
Un dato que grafica el problema: en la calle 20 de Febrero, de solo 619 metros, figuraban empadronados 793 votantes. Una cifra imposible si se tiene en cuenta la cantidad real de viviendas.
El juez Julio Bavio fue claro. Quienes quieran volver al padrón electoral deberán demostrar de manera fehaciente que viven en Salta. No alcanza con decirlo: deberán acreditar el domicilio y esa información será verificada por fuerzas federales. Sin prueba concreta de residencia, no hay derecho al voto.
La causa apunta directamente al problema de no tener domicilio real en el país, una condición básica para figurar en el padrón electoral argentino.
La resolución no quedó solo en la exclusión. El magistrado ordenó notificar a distintos organismos del Estado para evitar abusos y posibles delitos asociados. Entre ellos, ANSeS, ARCA, la Dirección Nacional de Migraciones, Andis y la Dirección Nacional de Control de Fronteras e Hidrovías.
La sospecha principal es que muchos de los empadronados habrían tramitado el DNI argentino para acceder a beneficios sociales, como planes o asignaciones que pueden llegar a los 2.000 bolivianos en ayudas económicas, sin vivir realmente en el país.
Esta exclusión masiva forma parte de una investigación más amplia. Desde junio, el juez mantiene suspendida cualquier actualización del padrón electoral en Aguas Blancas y otras localidades fronterizas, justamente para frenar maniobras irregulares.
