Furia libertaria contra el monopolio de la mentira mediática

En esta cobertura te mostramos cómo el equipo económico desarmó una nueva operación de prensa orquestada contra la desregulación estatal. Luis Caputo y Javier Milei confrontaron abiertamente a cronistas y editoriales porteñas, exponiendo las denuncias sin sustento sobre contratos millonarios y marcando la necesidad de que las calumnias tengan costo judicial real en Argentina.

28-08-2026 - Por Crítica Argentina

Las redacciones tradicionales todavía no asimilan que se les terminó el monopolio del relato. El ministro de Economía le puso un freno terminante a las acusaciones infundadas que circulan por redes y diarios tradicionales.

La mecha se encendió tras las afirmaciones del periodista Beto Valdez, quien intentó vincular al titular de Hacienda con un supuesto direccionamiento en el control de surtidores de combustible que antes monopolizaba el INTI.

El cronista lanzó en sus redes: "Analistas económicos destacan que la velocidad del decreto firmado por Luis "Toto" Caputo en el Ministerio de Economía respondería al vínculo estrecho e históricamente cercano que une a Made con el entorno del propio ministro, permitiéndole a su firma acceder a una facturación anual proyectada de doce mil millones de pesos sin pasar por un proceso tradicional de licitación pública".

En el mismo posteo, el comunicador continuó su embestida: "Técnicos del sector denuncian un "desmantelamiento predatorio" del organismo de ciencia, explicando que la histórica tarifa estatal de veinticinco mil pesos por pico surtidor fue forzada al alza y luego eliminada para que el laboratorio privado pudiera fijar un arancel base de cien mil pesos por unidad verificada".


Operaciones berretas al descubierto


El titular del Palacio de Hacienda desarmó la acusación sin vueltas desde su cuenta personal en la red social X. El funcionario desmintió categóricamente cualquier nexo con las firmas mencionadas.

“Nunca en mi vida escuché ni siquiera hablar de un grupo Lenor, ni de un empresario Made”, disparó el ministro, rematando contra la impunidad de la pluma fácil: “Pero pareciera que para ciertos periodistas, mentir es un derecho adquirido”.

El debate de fondo apunta a la responsabilidad ulterior y al daño reputacional gratuito. “La Justicia debería actuar”, sentenció la máxima autoridad de la cartera económica, agregando: “Necesitamos una ley que castigue este tipo de conductas”.

“No es razonable que alguien escriba cosas sin ningún tipo de sustento y no tenga consecuencias”, remató el funcionario. La discusión trasciende el Código Penal, donde ya existen las figuras de calumnias e injurias.


Se terminó la pauta blindada


La postura oficial responde a la línea trazada por el presidente libertario, quien la semana pasada cruzó al periodista Marcelo Bonelli tras un artículo publicado en Clarín. El mandatario nacional también apuntó contra los operadores mediáticos por la cobertura sesgada sobre los morosos.

Caputo también salió al cruce de un matutino porteño por un artículo victimizante. “El título debiera ser exactamente el opuesto: Recrudece el ataque DEL periodismo. Un sector del periodismo se atribuye el derecho a mentir e injuriar, pero nosotros no debemos enojarnos ni exponer sus calumnias”, retrucó el ministro.

El artículo en cuestión, difundido por La Nación, llevaba por encabezado: “Recrudece el ataque al periodismo más de 300 mensajes con insultos y acusaciones sin pruebas”. La crónica recopiló quejas corporativas sin aportar precisiones sobre el trasfondo de las reformas.

Lo que tenés que saber sobre la embestida mediática

 

  • Luis Caputo desmintió vínculos con el grupo Lenor y el empresario Made por las verificaciones del INTI.
  • Beto Valdez había denunciado una supuesta caja de doce mil millones de pesos sin licitación pública.
  • El Gobierno exige que la Justicia actúe frente a las falsedades publicadas sin sustento fáctico.
  • Javier Milei mantiene su cruzada contra el blindaje editorial de firmas como Clarín y La Nación.