La "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocida como "Ley Ómnibus", presenta propuestas para endurecer las penas y establecer requisitos más estrictos para las manifestaciones. El proyecto, enviado al Congreso Nacional por el Gobierno, contempla cambios en el Código Penal y busca combatir el corte del tránsito y disturbios en espacios públicos.
En su primer capítulo, la ley sugiere la sustitución del artículo N° 194 del Código Penal, aumentando las penas de 3 meses a 2 años de prisión a 1 a 3 años y 6 meses para aquellos que obstruyan servicios públicos o el normal funcionamiento del transporte. Además, se propone una pena de 2 a 4 años para quienes causen daño físico con armas durante manifestaciones.
La legislación introduce la figura del "organizador", considerando responsables a quienes convoquen, coordinen o provean medios logísticos para manifestaciones. También establece que cualquier reunión o manifestación debe ser notificada al Ministerio de Seguridad con al menos 48 horas de antelación, detallando información específica sobre la misma.
Entre los puntos llamativos, la ley otorga al Ministerio de Seguridad la facultad de oponerse a manifestaciones fundamentándose en cuestiones de seguridad, incluso proponiendo modificaciones en horario, ubicación o fecha. Estas disposiciones están alineadas con el "Protocolo Antipiquetes" del Ministerio de Seguridad.
Este proyecto refleja la postura del Gobierno en la gestión de manifestaciones, buscando un equilibrio entre la libertad de expresión y la seguridad pública, aunque ha generado críticas por posibles limitaciones a la protesta ciudadana. La propuesta ahora espera ser debatida en el Congreso para su eventual aprobación.
