El juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, ha establecido un plazo de 60 días hábiles administrativos para que la Municipalidad de Luján acate una medida que ha estado incumpliendo.

Esta medida busca detener la disposición diaria de 120 toneladas de residuos en el basural a cielo abierto de la localidad bonaerense y redirigirlos a otro lugar, como la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE). El vertedero, que ha estado en funcionamiento durante 50 años, ha contaminado tanto las aguas subterráneas como el suelo.

La resolución judicial, confirma que el municipio ha mostrado resistencia para resolver el problema, a pesar de haber tenido tiempo suficiente desde abril del año pasado. Este plazo le brinda al intendente local, Leonardo Boto, la posibilidad de pasar por las elecciones primarias sin conflictos con los recicladores que dependen del basural y que trabajan en condiciones precarias.

Algunos de ellos están organizados en una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), liderada por Juan Grabois, quien es precandidato presidencial del Frente de Todos. Durante el año pasado, dos cooperativas de trabajo del MTE facturaron más de $200 millones a la Municipalidad de Luján por diversas tareas, incluyendo labores en el basural a cielo abierto.

Hasta el momento, la administración Boto, vinculada a La Cámpora, no ha mostrado voluntad para cumplir con la orden judicial. No ha presentado propuestas alternativas para dejar de arrojar los residuos en el basural, el cual ha sido comprobado que ha contaminado el suelo y las aguas subterráneas según análisis químicos realizados por laboratorios oficiales de la provincia de Buenos Aires.

El juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto emitió una resolución el 21 de abril, que ordenaba la suspensión preventiva de la construcción de una planta de reciclaje y relleno sanitario en el predio Estación Sucre, ubicado a casi dos kilómetros del vertedero.

Además, se prohibió al municipio seguir arrojando residuos en el basural a cielo abierto, en respuesta a una demanda de un grupo de vecinos y empresarios de la zona que se ven afectados en sus emprendimientos agropecuarios, los cuales generan empleo para cientos de trabajadores.

Tras analizar la demanda, el juez federal consideró válido el reclamo de los afectados, destacando la necesidad de prevenir y evitar daños ambientales de incidencia colectiva, así como la degradación continua o agravada del medio ambiente.

Cabe mencionar que la obra en Luján se está llevando a cabo con un préstamo de aproximadamente 18 millones de dólares otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Los mismos demandantes también presentaron una queja ante la oficina externa de investigación encargada de las auditorías para el BID. Argumentaron que el proyecto de Ecoparque y Centro Ambiental, que forma parte del Plan Federal de Erradicación de Basurales a Cielo Abierto y fue adjudicado a la empresa EVASA, podría generar potenciales daños a la calidad de vida, salud y patrimonio, además de afectar el medio ambiente y el patrimonio cultural de la comunidad. Este proyecto forma parte del programa en cuestión.

En respuesta a una consulta, la oficina de Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), que trabaja de manera independiente para el BID y tiene su sede en Washington, indicó que la verificación de la obra en Luján comenzará una vez que se haya constituido el panel de investigación, el cual estará integrado por la coordinadora de la Fase y dos expertos. Actualmente, se está trabajando en la selección y contratación de este panel de investigación.

En este contexto, el juez federal ordenó detener los trabajos que están a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, encabezado por Juan Cabandie.

A pesar de la resolución judicial, Boto no ha cumplido con la orden de la Justicia y ha continuado arrojando residuos en el vertedero. El 22 de mayo, presentó un escrito al juez informando sobre la desobediencia a su mandato, alegando que la medida dispuesta era imposible de cumplir.

En el documento presentado por la Municipalidad al magistrado, se argumenta que, a pesar de que la medida cautelar no está firme y se ha apelado la decisión del juez del 27 de abril de 2023, en la cual se concedió el recurso de apelación presentado por la Municipalidad el 26 de abril de 2023, el Departamento Ejecutivo ha dado instrucciones a todas las áreas pertinentes para evaluar los plazos, costos, consecuencias económicas, presupuestarias y jurídicas, entre otros aspectos, a fin de cumplir con la medida.

Boto, quien está vinculado a Máximo Kirchner y la Vicepresidenta de la Nación, advierte al juez federal de Mercedes que, como el servicio de recolección y disposición final de residuos sólidos urbanos es público en el municipio, debe prestarse de manera continua, regular, uniforme, general, igualitaria y obligatoria. Por tanto, la Municipalidad no puede dejar de prestar este servicio.

Finalmente, la Municipalidad de Luján solicita al juez conceder un plazo prudencial de al menos noventa (90) días hábiles para cumplir con la medida cautelar. En un principio, el juez otorgó un plazo de diez días corridos, pero posteriormente lo modificó a sesenta (60) días hábiles administrativos. La resolución aún no ha sido resuelta por la Cámara.

La situación en Luján es sumamente compleja, ya que hasta el momento no se ha encontrado una solución sostenible para todos los vecinos de la localidad.

Como informó anteriormente este medio, el Consejo Deliberante de Luján aprobó el 5 de septiembre de 2016 la ordenanza 6695, que autorizaba al Ejecutivo local a suscribir un convenio con la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE) para la disposición final de los residuos sólidos urbanos.

Sin embargo, el Ejecutivo Municipal no cumplió con esta ordenanza y continuó arrojando los residuos en el basural a cielo abierto, generando un gran impacto ambiental en la zona.

La problemática del basural a cielo abierto en Luján ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por vecinos y organizaciones ambientalistas, quienes exigen una pronta solución al problema y una gestión adecuada de los residuos sólidos urbanos. La Justicia ha intervenido en este caso para garantizar el cumplimiento de las normativas ambientales y proteger la salud de los habitantes de la zona afectada.

La situación actual requiere una respuesta urgente por parte de las autoridades municipales, a fin de garantizar el bienestar de la comunidad y preservar el medio ambiente.