¿Sabés por qué el gobierno acaba de frenar una ley que prometía proteger a las universidades públicas? El presidente Javier Milei decidió vetar la Ley de Financiamiento Universitario, generando un debate intenso sobre educación y economía. Lo hizo mediante el Decreto 647/2025, publicado este miércoles, y la decisión ya está en manos del Congreso.
La Ley de Financiamiento Universitario había sido aprobada el 21 de agosto y buscaba garantizar el sostenimiento de las universidades públicas. Entre sus principales puntos, incluía la actualización automática de los gastos de funcionamiento según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde enero de 2025, y asignaba partidas específicas para salarios y condiciones laborales de docentes y no docentes.
Sin embargo, desde el Gobierno argumentan que la norma hubiera generado un gasto sin respaldo presupuestario, afectando el equilibrio fiscal. Según Javier Milei, avanzar con la ley significaba comprometer el plan de ajuste y poner en riesgo la sostenibilidad de todas las políticas públicas. En palabras del Ejecutivo, la medida no es un ataque a la educación, sino un freno a una iniciativa que podía generar un impacto fiscal negativo y desequilibrar las cuentas del Estado.
El veto presidencial no es una novedad en la política argentina. El Ejecutivo recordó que el artículo 83 de la Constitución le permite rechazar proyectos sancionados por el Congreso, y que esta práctica se ha repetido en las últimas cuatro décadas sin que se considere un quiebre institucional. En este caso, el objetivo fue evitar que el superávit fiscal se vea afectado por aumentos automáticos de gastos.
Desde la oposición ya anunciaron una sesión especial en Diputados para discutir el veto, y el debate promete ser intenso. La Ley de Financiamiento Universitario vuelve a estar en el centro de la escena, ahora con un nuevo desafío: conciliar la defensa de la educación pública con la estabilidad económica.
El veto de Javier Milei abre preguntas clave: ¿Cómo se financiarán las universidades sin afectar las cuentas públicas? ¿Habrá nuevas propuestas que mantengan el equilibrio fiscal y aseguren la educación? La tensión entre educación y economía sigue siendo un tema que preocupa a estudiantes, docentes y a toda la sociedad.
Mientras tanto, la Ley de Financiamiento Universitario queda en suspenso y el país observa de cerca los próximos movimientos del Congreso. El impacto fiscal de esta decisión y su relación con el superávit fiscal serán determinantes para el futuro de las políticas universitarias y la economía en general.
La historia no termina acá: la discusión sobre cómo sostener la educación pública sin comprometer las finanzas del Estado recién comienza, y todos los ojos están puestos en Javier Milei y su estrategia para equilibrar educación y presupuesto.
