En un contexto de creciente violencia y narcotráfico en distintas regiones del país, el presidente argentino Javier Milei, durante el primer aniversario de su gestión, anunció la creación de una versión local de la emblemática Ley R.I.C.O. (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), una normativa que transformó la lucha contra el crimen organizado en los Estados Unidos, y que ahora busca replicar en Argentina. Este anuncio reafirma el firme compromiso de Milei con su política de "tolerancia cero" al crimen y la corrupción, que ya ha mostrado avances tangibles, como la drástica reducción del 60% en los delitos en Rosario, una ciudad flagelada por el narcotráfico.

La Ley R.I.C.O., promulgada en 1970 en EE.UU., permitió a las autoridades desmantelar redes criminales al atacar tanto a los ejecutores de delitos como a sus líderes, quienes operaban desde las sombras. Bajo esta legislación, los fiscales pueden acusar a todos los miembros de una organización delictiva como parte de una conspiración, responsabilizando a los cabecillas por los crímenes cometidos bajo su dirección. Esta estrategia se aplicó con éxito en Nueva York durante la gestión de Rudolph Giuliani, quien desarticuló a las principales mafias de la ciudad atacando sus estructuras financieras. Fue bajo su liderazgo que la Ley R.I.C.O. se convirtió en un modelo global, adoptado por varios países que enfrentaban desafíos similares, como Italia, Colombia, y México.

El caso de Rosario, la ciudad argentina que sirvió como "laboratorio" de la política de tolerancia cero de Milei, es uno de los ejemplos más destacados de los primeros logros del gobierno. Con un enfoque claro en la presencia policial, el desmantelamiento de organizaciones criminales y la persecución judicial de sus líderes, la seguridad en Rosario ha mejorado notablemente, lo que da esperanzas sobre la replicabilidad de este modelo en otras ciudades argentinas. El presidente destacó que este tipo de políticas no solo apunta a frenar el narcotráfico, sino a eliminar la complicidad histórica entre el poder político y el crimen organizado que, según él, ha permitido la proliferación de mafias.

Sin embargo, la iniciativa ha generado controversia en la oposición, que considera que el enfoque punitivo de la Ley R.I.C.O. podría generar más problemas de los que resuelve. La crítica se centra en que esta ley prioriza la criminalización de los actores involucrados en redes delictivas sin abordar las raíces sociales y económicas del crimen, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades. A pesar de estas voces disidentes, los resultados en Rosario parecen avalar la propuesta de Milei, quien sigue firme en su promesa de que, en la Argentina de hoy, "el que las hace, las paga".

Con este proyecto, Argentina no solo da un paso hacia la creación de un marco legal más robusto para enfrentar el crimen organizado, sino que también se alinea con una tendencia global de endurecer las políticas de seguridad pública, inspirada en modelos que han transformado a ciudades como Nueva York. Mientras la oposición se prepara para seguir cuestionando los métodos del gobierno, sectores de la sociedad argentina se muestran esperanzados ante la posibilidad de restaurar el orden y la justicia en un país marcado por la violencia y la corrupción.

A medida que avanzan las discusiones sobre la implementación de la Ley R.I.C.O. en Argentina, el gobierno de Milei se encuentra ante el desafío de equilibrar la seguridad con las demandas de políticas sociales inclusivas, y de demostrar que su apuesta por la justicia penal es la clave para una transformación profunda del país.