El Gobierno nacional sopesa la opción de reducir las horas extra y adicionales de los empleados estatales como parte de un ajuste para paliar el déficit fiscal. Aunque aún no hay un anuncio oficial, se especula que esta medida podría disminuir a la mitad los sueldos de bolsillo. Esta iniciativa se suma a la reciente decisión de no renovar contratos de trabajadores públicos y revisar aquellos con mayor antigüedad.

La auditoría realizada bajo el decreto 84, utilizado para dar de baja contratos de 2023, revela que muchos de esos trabajadores perciben salarios alrededor de los $450,000, de los cuales la mitad correspondería a las sumas que se planean recortar. Los asesores del gobierno de Javier Milei consideran que el ajuste debe profundizarse, centrándose en los conceptos de horas extra y adicionales que representan hasta el 50% del salario para muchos empleados estatales.

El área de Empleo Público en la jefatura de Gabinete está revisando estos contratos, generando temores de posibles recortes o topes en el pago de horas extras y otros suplementos que podrían situar los salarios por debajo de la línea de pobreza, especialmente en un contexto de inflación elevada.

Los gremios estatales, que ya han convocado a un paro general, advierten que cualquier ajuste a los empleados públicos podría intensificar la conflictividad y resultar en una significativa pérdida del poder adquisitivo en medio de la inflación creciente.