A lo largo del siglo XX, se dieron pasos significativos en la regulación de las relaciones laborales, incluyendo la fijación de jornadas máximas, salarios mínimos, la prohibición del trabajo infantil, y la limitación de tareas para mujeres e insalubres. Sin embargo, la Ley de Contrato de Trabajo, número 20.744, promulgada en 1974, marcó un avance crucial al establecer un marco regulatorio integral para las relaciones laborales. A pesar de su importancia, en los últimos cincuenta años, esta legislación ha recibido pocos ajustes, a pesar de los cambios en el mercado laboral y los tipos de contratos.
Desde la creación del fuero del Trabajo en el ámbito nacional hace ochenta años, se ha visto una influencia significativa de jueces con inclinaciones sindicales, quienes a menudo han promovido la idea de combatir al capital. Esta postura se ha traducido en numerosas sentencias donde el principio in dubio pro operario prevalece, permitiendo que se consideren casos aislados sin evaluar su impacto en el mercado laboral en general.
Esta combinación de leyes desactualizadas y prejuicios ideológicos ha generado problemas para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que enfrentan quiebras debido a juicios laborales y multas excesivas. Desde noviembre de 2022, los empleadores con sentencias condenatorias han visto amenazado su futuro, con un sistema de actualización de créditos que podría llevar a un enriquecimiento ilícito.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CNAT) ha intervenido, anulando incrementos de indemnizaciones de más del 20.000% y revocando multas desproporcionadas impuestas a empresas. Sin embargo, la CNAT ha "dejado en libertad de acción a los jueces del fuero", lo que podría agravar la situación.
Una solución viable para mejorar el sistema laboral podría ser el arbitraje. La Ley 18.345 de procedimiento laboral nacional y el proyecto de Código Procesal Laboral de CABA contemplan el arbitraje como una alternativa para resolver disputas. El arbitraje ofrece una resolución más rápida e imparcial, con plazos mucho menores que los actuales procesos judiciales y la posibilidad de acordar la forma de calcular los intereses.
Es esencial que se deje de combatir al capital y se busque ponerlo al servicio de todos. La resistencia a cambiar por parte de la dirigencia sindical, en un contexto donde el 55% de los trabajadores están en negro o insuficientemente registrados, ha frenado el progreso. En los últimos veinte años, no ha habido un crecimiento notable en el empleo regular y las PyMEs han sido las más afectadas por una presión tributaria excesiva y una legislación estancada.
Es tiempo de reformar el sistema y transformar la relación laboral para beneficiar a empleadores y trabajadores por igual.