La reestructuración de la AGP se perfila como uno de los cambios más significativos en la gestión del sistema portuario argentino. Desde que Javier Milei asumió la presidencia, este organismo está bajo la lupa por su rol clave en el comercio exterior y por la necesidad de reformas para optimizar su funcionamiento.
El ministro de Economía, Luis Caputo, propuso la formación de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), un organismo autárquico que absorbería las funciones de la actual AGP y de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. El objetivo principal es reducir superposiciones burocráticas, atraer inversión privada y modernizar la infraestructura portuaria.
Según el Gobierno, esta reestructuración también buscaría bajar los costos logísticos que afectan al comercio exterior. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Las resistencias internas y los intereses políticos dificultan el avance hacia una gestión más transparente y eficiente.
En 2021, la AGP era un organismo superavitario, con un excedente de 28 millones de dólares. No obstante, bajo las gestiones de José Beni y Verónica Piñero, el panorama cambió drásticamente. En 2022, la AGP cerró con un déficit de 10 millones de dólares, y para 2023, el rojo alcanzó los 45 millones. Este descenso financiero se atribuye a una mala administración y al incremento en gastos discrecionales.
A pesar de las dificultades financieras, el Puerto de Buenos Aires, operado por la AGP, avanza con un proyecto de modernización valuado en 15 millones de dólares. Aunque esta obra fue licitada en 2020 y adjudicada en 2021, recién este año se observaron avances significativos.
El desarrollo ha generado controversias. Fuentes indican que la arenera Sarthou está ejecutando la obra, aunque la licitación fue otorgada a Pentamar S.A. El origen de los fondos también genera dudas, dado el déficit de la AGP.
El Decreto 299/2023, promulgado durante la gestión de Alberto Fernández, permitió que la AGP gestione concesiones y obras con menores controles. Esto facilitó la extensión de concesiones sin licitación competitiva, como ocurrió con la Terminal 4 del grupo Maersk. Según analistas, estas medidas consolidaron la influencia de redes de intereses políticos y empresariales, lo que Javier Milei denomina “La Casta Portuaria”.
La reestructuración de la AGP aún enfrenta importantes desafíos, desde superar resistencias internas hasta asegurar una transición ordenada hacia la ANPYN. En este contexto, el papel de Luis Caputo será crucial para materializar los cambios y devolverle a la gestión portuaria un perfil eficiente y sostenible.
El futuro del sistema portuario está en juego, y la atención está puesta en cómo las reformas impactarán en el comercio exterior y en la competitividad del país. La promesa de una modernización estructural podría ser la clave para revertir años de malas prácticas y asegurar un nuevo horizonte para la gestión portuaria.
