El conflicto por la instalación de una planta de hidrógeno verde y combustibles sintéticos en la ciudad uruguaya de Paysandú sumó un nuevo capítulo diplomático. El secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, viajó a Montevideo para reunirse con el canciller uruguayo Mario Lubetkin, en medio de crecientes cuestionamientos por el posible impacto ambiental y económico del proyecto sobre la costa entrerriana del río Uruguay.
La reunión se realizó en la sede de la Cancillería uruguaya y contó con la participación del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, uno de los dirigentes que más presión viene ejerciendo para modificar la ubicación prevista de la planta impulsada por la firma HIF Uruguay S.A.
COMUNICADO CONJUNTO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY. pic.twitter.com/vNt5CdioSp
— Cancillería Argentina ?? (@Cancilleria_Ar) May 12, 2026
El dato político más relevante del encuentro fue que Uruguay confirmó que analiza localizaciones alternativas para el emprendimiento, una decisión interpretada por la delegación argentina como un avance concreto luego de meses de tensión bilateral.
El proyecto genera preocupación principalmente en la ciudad de Colón, donde sectores turísticos, comerciales y ambientales temen consecuencias negativas sobre el desarrollo económico y el ecosistema compartido del río Uruguay.
Durante el encuentro bilateral, las autoridades uruguayas actualizaron el estado de situación del emprendimiento y comunicaron la firma de un Memorándum de Entendimiento con HIF Uruguay S.A.
Además, explicaron que ya trabajan en los términos de referencia del futuro Estudio de Impacto Ambiental, documento que deberá ser presentado por la empresa y posteriormente evaluado por el Ministerio de Ambiente uruguayo.
Según trascendió, uno de los puntos centrales del diálogo fue la incorporación de Colón dentro del “área de influencia” contemplada para ese estudio ambiental, algo que había sido reclamado por la administración entrerriana.
Desde la Cancillería argentina destacaron que el análisis de nuevas ubicaciones busca evitar perjuicios sobre actividades productivas preexistentes vinculadas al uso del río Uruguay, especialmente el turismo y la economía regional de la costa entrerriana.
La delegación argentina estuvo integrada también por el intendente de Colón, José Luis Walser; el subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro; la directora de América del Sur, Natalia Gunski; y el embajador argentino en Uruguay, Alan Beraud.
Por el lado uruguayo participaron la ministra de Industria, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera; y el embajador en Argentina, Diego Cánepa, entre otros funcionarios.
Tras el encuentro, Rogelio Frigerio aseguró en redes sociales que el Gobierno uruguayo analiza alternativas de relocalización “por solicitud argentina”.
El gobernador sostuvo que la postura de Entre Ríos no apunta contra la inversión privada ni contra el desarrollo energético del país vecino, sino a evitar daños económicos y ambientales en ciudades ribereñas como Colón.
“Apoyamos la inversión y el desarrollo en Uruguay, pero creemos que esto no tiene por qué afectar el empleo ni el desarrollo turístico de la costa entrerriana”, expresó.
Frigerio viene siguiendo de cerca el expediente desde hace más de un año y ya viajó en varias oportunidades a Montevideo para reclamar cambios en la ubicación de la planta.
En Entre Ríos existe preocupación por el eventual impacto sobre el turismo, uno de los motores económicos de la región. La posibilidad de instalar una planta industrial de gran escala frente a la costa argentina reavivó además recuerdos del conflicto diplomático por Botnia, que enfrentó a ambos países a comienzos de los años 2000.
El proyecto también abrió un frente judicial y político dentro de Argentina. En sectores de Entre Ríos denuncian que Uruguay habría incumplido tratados bilaterales y mecanismos de consulta obligatorios previstos en el Estatuto del Río Uruguay.
La fiscal federal de Concepción del Uruguay, Josefina Minatta, pidió explicaciones al Gobierno nacional y requirió información tanto a Pablo Quirno como al secretario de Ambiente, Daniel Scioli.
Según cuestionan desde la provincia, el Gobierno nacional habría dejado vencer plazos clave sin activar mecanismos de control internacional frente al avance del proyecto.
En ese contexto, Frigerio incluso deslizó la posibilidad de acudir al tribunal internacional de La Haya si no se alcanzaba una solución consensuada.
Por ahora, ambos gobiernos intentan desactivar el conflicto mediante negociaciones diplomáticas y sostener un canal de diálogo permanente para evitar una escalada bilateral.
Desde Uruguay señalaron que, una vez definida la ubicación definitiva y concluido el Estudio de Impacto Ambiental, se notificará formalmente a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), activando así el mecanismo de consulta previsto por el tratado binacional.
