La pelea entre el Gobierno nacional y la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) escaló a un nivel sin precedentes. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió una denuncia penal contra el presidente de la entidad, Claudio “Chiqui” Tapia, y otros dirigentes por presunta evasión agravada, asociación ilícita fiscal y utilización sistemática de facturas apócrifas.
La presentación judicial fue realizada ante el juzgado penal económico a cargo del juez Diego Amarante y representa uno de los golpes más fuertes contra la estructura administrativa del fútbol argentino en los últimos años. Según el organismo encabezado por Andrés Vázquez, las maniobras investigadas habrían generado un perjuicio fiscal superior a los $289 millones, aunque la causa principal ya analizaba un posible desfalco cercano a los $19 mil millones vinculados a tributos y recursos de la seguridad social.
La acusación también alcanza a Pablo Toviggino, uno de los hombres de mayor confianza de Tapia, además del secretario Víctor Blanco Rodríguez, el dirigente Cristian Malaspina y el director general Gustavo Lorenzo.
De acuerdo con el escrito judicial, la ARCA detectó un esquema repetido de contratación de empresas sin capacidad operativa real. Muchas de las firmas señaladas no tendrían empleados, infraestructura ni actividad económica compatible con los montos facturados.
La hipótesis oficial sostiene que estas sociedades funcionaban como “usinas” de comprobantes falsos para justificar gastos inexistentes y reducir de manera fraudulenta la carga impositiva de la AFA.
Entre las empresas bajo investigación aparecen:
Según la denuncia, gran parte de estas firmas estaban catalogadas como “no confiables”, con domicilios inexistentes o sin estructura financiera verificable.
Uno de los puntos centrales de la investigación es el mecanismo financiero utilizado para mover el dinero. La ARCA aseguró que el 77,11% de los pagos observados se realizó mediante cheques con múltiples endosos, mientras que apenas el 22,89% fue por transferencia bancaria.
Para los investigadores, esta metodología buscaba dificultar la trazabilidad del dinero y ocultar a los beneficiarios finales de los fondos.
La denuncia incluso sostiene que varios de esos cheques terminaron vinculados a operaciones totalmente ajenas al fútbol, como compra de hacienda y adquisición de carne vacuna por parte de otras compañías privadas.
El organismo presentó ante la Justicia un desglose detallado de las maniobras detectadas durante el último año investigado:
Para la ARCA, las cifras superan ampliamente el umbral previsto por la Ley 27.430 para configurar el delito de evasión agravada mediante facturas falsas.
En la ampliación de denuncia, el organismo recaudador afirmó que no se trató de hechos aislados sino de un “mecanismo permanente dentro de la estructura económica” de la AFA.
Con ese argumento, la ARCA pidió que Tapia, Toviggino y el resto de los implicados sean citados a declaración indagatoria de manera inmediata.
El avance judicial amenaza con abrir un nuevo frente político y económico para la conducción del fútbol argentino, en medio de crecientes tensiones con el Gobierno nacional y fuertes cuestionamientos sobre el manejo financiero de la casa madre del fútbol.
