La Justicia federal profundiza una investigación que podría dejar al descubierto un esquema de presuntas coimas para acelerar autorizaciones de importación mediante el sistema SIRA, implementado durante el gobierno de Alberto Fernández en medio de las restricciones cambiarias y el control del dólar oficial.
La causa se originó tras el análisis del celular de Martín Migueles, empresario vinculado a Elías Piccirillo, donde aparecieron conversaciones, audios y mensajes que describen supuestos pagos ilegales para obtener aprobaciones exprés de importaciones. Según el expediente, las comisiones exigidas oscilaban entre el 10% y el 15% de cada operación.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del cepo kirchnerista y las discrecionalidades del sistema SIRA, utilizado por empresas para acceder a divisas oficiales y concretar operaciones de comercio exterior.
Uno de los intercambios incorporados al expediente ocurrió en marzo de 2023 con un contacto guardado como “Adriel La Plata”. Allí, Migueles habría ofrecido conseguir una autorización SIRA en apenas una semana.
En uno de los audios analizados por la fiscalía, el empresario aseguraba que podía obtener la aprobación por “11 puntos”, en referencia al porcentaje de comisión. Además, explicaba que una vez otorgada la autorización había que pagar porque “viene de arriba” y no iba a ser rechazada.
La conversación avanzó con el envío de documentación societaria y una frase que quedó asentada en la causa judicial: “Billete cara grande jaja”.
Para los investigadores, los mensajes reflejan cómo operaba una presunta estructura paralela de intermediación montada alrededor del sistema de importaciones. En ese esquema, empresas con problemas para acceder al dólar oficial recurrían a gestores con llegada a funcionarios o sectores internos del Estado.
El mecanismo era simple: el Gobierno mantenía restringido el acceso a divisas y, frente a la necesidad urgente de importar, aparecían operadores que ofrecían acelerar trámites a cambio de dinero.
La investigación también menciona a Héctor Ezequiel Caputto, alias “El Pipo”, señalado como otro de los contactos utilizados para agilizar operaciones.
En uno de los mensajes incorporados al expediente, Caputto informaba que una operación vinculada a maquinaria ya estaba firmada y detallaba cuánto dinero debía quedar “adentro”, expresión que los investigadores interpretan como parte del reparto interno de la maniobra.
Según el intercambio, de una operación por 54.600 dólares, unos 1.100 dólares quedaban destinados a intermediarios.
El fiscal federal Franco Picardi sostuvo en su dictamen que los chats permiten observar una “estructura de intermediación y reparto económico” vinculada a la aprobación de SIRA.
Por ese motivo, pidió a la Secretaría de Comercio que informe qué funcionarios intervinieron en esas autorizaciones específicas.
Uno de los puntos que más llamó la atención de la fiscalía es la velocidad de algunos trámites. Mientras muchas empresas podían esperar hasta 180 días para obtener una aprobación, algunas operaciones investigadas habrían sido autorizadas en apenas 10 días.
La causa judicial no se limita únicamente a las autorizaciones de importación. También investiga posibles irregularidades vinculadas al acceso al dólar oficial mediante casas de cambio.
Entre las firmas bajo análisis aparece Arg Exchange, relacionada con Migueles, Piccirillo y Francisco Hauque.
La sospecha es que habrían obtenido divisas oficiales autorizadas por sectores del Banco Central para luego revenderlas en el mercado paralelo con ganancias extraordinarias.
El expediente todavía se encuentra en etapa investigativa y no hay condenas ni procesamientos firmes. Sin embargo, los elementos reunidos por la fiscalía podrían abrir una nueva línea de investigación sobre el funcionamiento del cepo y el manejo discrecional de las autorizaciones de importación durante el último gobierno kirchnerista.
