La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó bajo la lupa de la Justicia federal por un presunto esquema de desvío de fondos generados por la actividad internacional de la Selección Argentina. La causa analiza movimientos por al menos USD 50 millones que, según la hipótesis fiscal, no habrían llegado a su destino reglamentario: el fortalecimiento de los clubes locales.
El expediente está a cargo del juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella, con intervención de la fiscal Cecilia Incardona. La investigación busca reconstruir un circuito financiero complejo con ramificaciones en el exterior y eventuales reingresos al país.
Según surge de la causa, parte del dinero investigado fue transferido a cinco sociedades radicadas fuera del país, sin actividad económica clara que justifique los movimientos. Los montos bajo análisis incluyen:
Velpasalt Global LLC: USD 4,7 millones
Marmasch LLC: USD 13,4 millones
Soagu Services LLC: USD 10,8 millones
Dicetel: USD 4,8 millones
Velp LLC: USD 3 millones
La fiscalía intenta determinar origen, trazabilidad y destino final de esos fondos, y si existió una maniobra para retener recursos que debían ingresar a la AFA.
En el centro del entramado aparece TourProdEnter LLC, empresa vinculada al empresario Javier Faroni, señalada como administradora y recaudadora de ingresos internacionales por cerca de USD 260 millones. Esos fondos provendrían de partidos amistosos, acuerdos comerciales con Adidas y derechos asociados a AFA Play.
La clave del expediente es qué porcentaje de ese total fue efectivamente transferido a la AFA y qué parte habría quedado en el camino.
Como medida de prueba, el juez Armella ordenó al Banco Coinag un informe integral sobre cuentas, plazos fijos y extractos históricos vinculados a las sociedades investigadas. La entidad sostuvo que el requerimiento es “normal” y que opera conforme a la normativa del Banco Central y a la ley de prevención de lavado.
Sin embargo, el expediente incorpora un dato sensible: una certificación contable presentada para la compra de vehículos resultó ser falsa. El documento no habría sido emitido por el banco y fue atribuido indebidamente a un profesional, lo que podría ampliar imputaciones.
La investigación avanzó también en el plano local. El juez ordenó un peritaje patrimonial sobre Banfield y sobre un fideicomiso vinculado al club, para establecer si fondos presuntamente girados al exterior pudieron reingresar y financiar estructuras internas o gastos particulares.
Desde la fiscalía subrayan que la reconstrucción del circuito es central para determinar si existió administración fraudulenta, figura prevista en el artículo 173 inciso 7 del Código Penal. De confirmarse el uso de documentación apócrifa, la causa podría ampliarse a falsificación de instrumento privado y lavado de activos.
