Algo extraño pasó esta semana en Villa Giardino: las oficinas de la Municipalidad fueron allanadas y nadie parecía saber exactamente por qué. La medida, ordenada por la Fiscalía de Instrucción de Cosquín a cargo de Nelson Lingua, forma parte de una investigación que busca esclarecer varias estafas con terrenos en la provincia. ¿Qué descubrieron y cómo afecta a los vecinos?
El allanamiento se realizó sin incidentes y con la colaboración de empleados y funcionarios municipales. Según informaron, se solicitó información a quienes trabajan en la Municipalidad, aunque no se secuestraron documentos ni dispositivos electrónicos. "Durante la mañana nos sorprendió un allanamiento. No tenemos conocimiento de la causa, pero la Municipalidad respondió a todos los requisitos de la Fiscalía en el marco de la investigación de un loteo ubicado en el límite del barrio Santa Cecilia y La Cumbre, por una cuestión entre privados que data de octubre de 2024", explicó a Radio La Minga Luis Delsemme, integrante de la Secretaría de la Intendencia.
La causa comenzó con denuncias de vecinos afectados y fue impulsada en 2023 por la fiscal Paula Kelm. Desde entonces, se identificaron diez imputados, siete de los cuales permanecen detenidos, entre ellos un ex director de la Policía Caminera. Los delitos bajo investigación incluyen estafas, falsificación de documentos, coacción, robo y daños vinculados a la venta de terrenos. Operativos similares se realizaron en localidades de Colón, San Alberto, San Javier y Punilla. La fiscalía todavía evalúa cuántos vecinos resultaron afectados.
La investigación también reveló vínculos con la Policía Caminera. Tras la detención del jefe de la Caminera, Maximiliano Ochoa Roldán, en junio, se detectó un nexo con un civil cordobés relacionado con la organización de Cosquín, lo que permitió identificar efectivos que usaban bases de datos oficiales con fines ilegítimos. Ese hallazgo llevó a once allanamientos simultáneos en Córdoba Capital, Unquillo, La Calera y Huerta Grande, donde se secuestraron computadoras, celulares, armas, dinero y documentación.
Según la fiscalía, la estructura investigada aprovechaba información pública para cobrar deudas, fijar honorarios y actuar en defensas judiciales fuera de la ley. El uso de antecedentes penales y bases oficiales era central en el esquema. Para los investigadores, el hecho de que funcionarios públicos hayan usado sus cargos para beneficio privado es uno de los puntos más graves de la causa.
Los vecinos de Villa Giardino y otras localidades siguen expectantes: quieren saber si sus propiedades están comprometidas y qué medidas tomará la Municipalidad para prevenir nuevas estafas. La fiscalía continúa analizando pruebas y no descarta más allanamientos.
Lo que aún no se sabe es cómo terminará esta investigación ni cuántos afectados reales quedarán registrados, dejando un interrogante que mantiene a toda la comunidad en vilo.
