Hay una pregunta que empezó a circular fuerte en el mundo del fútbol y la política: qué es exactamente lo que investiga la Justicia sobre la AFA y por qué el Gobierno volvió a avanzar ahora. La respuesta no es simple, pero los documentos que ya están en manos judiciales marcan un punto de quiebre.
El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su ofensiva contra los manejos irregulares en el fútbol argentino. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Estado presentó ante la Justicia toda la documentación contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una denuncia penal por apropiación indebida de tributos y retención ilegal de aportes previsionales.
Según confirmaron fuentes judiciales, ARCA respondió al pedido del juez Diego Amarante y ratificó formalmente la acusación. Con este trámite completo, la Fiscalía quedó en condiciones de decidir si avanza con una investigación penal formal.
La denuncia, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, sostiene que entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 la AFA habría retenido impuestos y aportes previsionales que nunca ingresaron al Estado. El monto inicial del perjuicio fue calculado en $7.593.903.512,23, una cifra que expone la magnitud del caso.
En la presentación judicial, ARCA apuntó de manera directa contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. El organismo lo señaló como “la persona que ocupaba un cargo de alto nivel ejecutivo al momento de comisión de los hechos”, dejándolo claramente vinculado a las decisiones que están bajo sospecha.
Lejos de cerrarse ahí, el expediente se amplió. ARCA incorporó nuevos períodos y elevó el daño fiscal total a $11.759.643.331,62. La ampliación incluye presunta evasión tributaria entre marzo y mayo de 2024, otro tramo entre julio de 2024 y julio de 2025, y evasión previsional desde marzo hasta septiembre de 2024.
Las presentaciones fueron realizadas por Vanina Vidal, jefa de la División Penal del área de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. En el escrito, el organismo explicó que el delito se configura cuando pasan más de 30 días desde el vencimiento del pago y el dinero retenido no es depositado, total o parcialmente, en las cuentas correspondientes del Estado.
Tras recibir la denuncia original, el juez Amarante había exigido la ratificación formal y toda la documentación respaldatoria. Ese paso ya está cumplido. Ahora, la causa entra en una etapa clave: la definición de la Fiscalía sobre si se abre la investigación penal.
En paralelo, el Gobierno amplía el cerco. Semanas atrás, ARCA denunció a Sur Finanzas, una financiera vinculada a Ariel Vallejo, empresario relacionado con Tapia y con varios clubes. La Justicia federal de Lomas de Zamora ordenó allanamientos en la AFA, la Superliga y 18 clubes, donde se secuestraron computadoras, teléfonos y papeles clave.
